Al iniciar el año 2020, América estaba calificada como la región más desigual del mundo. “Las repercusiones de la pandemia de covid-19 agudizaron esa desigualdad”, apunta Amnistía Internacional en su informe anual 2020-21.
“Parte de la población más afectada pertenecía a comunidades marginadas y, al concluir el año, se preveía un aumento vertiginoso de los niveles de pobreza. Las respuestas de los gobiernos a la crisis tuvieron efectos de gran alcance en los derechos humanos, con consecuencias a menudo devastadoras para una gran cantidad de personas”, señala el reporte sobre el continente.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, señala que durante el año pasado quedó patentada la fragilidad de la cooperación internacional “con un sistema multilateral deteriorado, condescendiente con los más poderosos y que apenas protege a los más débiles”.
Además califica como irresponsable la postura de China al haber ocultado información que tuvo consecuencias “absolutamente catastróficas” y también crítica a Estados Unidos por haberse retirado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en plena pandemia. También señala como equivocadas las medidas del G-20 por suspender los pagos de deuda a 77 países, en 2020, pero para reclamarlos después con intereses, lo que agravaría las desigualdades estructurales y las dificultades económicas en la recuperación de la crisis económica y social provocada por el covid-19.
“Tras años de fracaso colosal, 2020 vino a confirmar que nuestras instituciones políticas internacionales no están a la altura del propósito global al que deberían servir”, escribió Callamard.
De acuerdo con los reportes de esta organización, la situación ya precaria de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en muchos países empeoró.
También se incrementó la violencia de género y la violencia intrafamiliar, por lo que cada vez más mujeres y personas LGBTI tuvieron que afrontar mayores obstáculos para recibir protección. A nivel global, la inseguridad alimentaria se duplicó hasta llegar a 270 millones de personas.
“Los grupos que figuraban ya entre los más marginados, como las personas refugiadas y las mujeres, sufrieron las peores consecuencias de la pandemia por culpa de políticas discriminatorias aplicadas por decisión de los dirigentes mundiales durante décadas”, enfatiza la organización.
A la lista de falta de medidas para salvaguardar los derechos humanos se suma el hostigamiento y la intimidación al personal sanitario que ha atendido la emergencia por COVID-19, así como la falta de garantías para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban con la tierra, el territorio y el medioambiente.
También se refiere a los ataques a la libertad de expresión, el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias, la impunidad y la falta de acceso a la justicia que siguen siendo motivo de preocupación.
Destaca el aumento de la violencia policial con el gobierno del presidente Jair Bolsonaro en Brasil, pues la policía mató al menos a 3,181 personas en todo el país, de enero a junio, lo que significa que diario moría 17 brasileños a manos de sus autoridades.
“En Brasil, los mensajes sanitarios de las autoridades estatales y federales con frecuencia eran contradictorios, y las medidas para mitigar las consecuencias de la covid-19 entre los pueblos indígenas fueron ineficaces.
Según la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, 158 pueblos indígenas se vieron afectados por la pandemia y hasta el 8 de octubre se habían registrado en ellos más de 840 muertes”, anota el informe. Nicaragua, Estados Unidos y Venezuela también aparecen como los gobiernos con las medidas más opacas para hacer frente a la pandemia.
La organización puntualiza que las irregularidades relacionadas con el mal manejo del covid-19 solo evidencia problemas estructurales en distintos ámbitos como ocurrió con las personas bajo custodia.
Consigna que, entre marzo y mayo, hubo 90 motines en distintas prisiones de la región en protesta por las condiciones “precarias” en las cárceles. En dos de los incidentes de mayor gravedad murieron 73 personas: 50 en el Centro Penitenciario Los Llanos (Venezuela) y 23 en la cárcel
La Modelo de Bogotá, Colombia. En el caso de México, refiere que el gobierno reaccionó a la pandemia con recortes del gasto público en diversas áreas. El personal sanitario denunció que carecía de acceso a los equipos de protección individual y las prestaciones necesarias para garantizar un entorno laboral seguro.
Resalta que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya estigmatizado en diversas ocasiones a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación, además de minimizar la situación de violencia contra las mujeres.
Publicado en cooperación con Newsweek/ Published in collaboration with Newsweek
