La decisión fue tomada por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Morais, luego de una investigación realizada en enero, quien también determinó apartar a 10 funcionarios de sus cargos por considerar que entorpecían las investigaciones.
En total, según la Policía Federal, son 35 allanamientos en Brasilia, San Pablo y y el estado amazónico de Pará -al norte-, donde actuaba la gavilla que traficaba madera.
Policías salieron de la sede del Ministerio de Medio Ambiente con valijas y cajas con documentación que fue confiscada, según mostraron los canales de noticias.
El ultraderechista Salles, vinculado a los ruralistas, es el ministro famoso por decir en una reunión de gabinete filmada, en mayo de 2020, que el presidente Jair Bolsonaro debería flexiibilizar la legislación ambiental aprovechando que la pandemia acapara las atenciones de la sociedad, para beneficiar a los empresarios agropecuarios.
El juez de la Corte determinó la quiebra del secreto fiscal, telefónico y telemático de Salles y de 10 de sus colaboradores, entre ellos el titular del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), Ricardo Bim, abanderado de la reducción de multas ambientales.
La operación está basada en una resolución que había sido repudiada por la oposición, grupos ambientalistas y empresas regularizadas madereras.
El juez del Supremo Tribunal Federal determinó la anulación de la resolución de febrero de 2020 del ministro Salles que permitió la exportación de productos forestales sin la necesidad de la emisión de autorizaciones de exportación.
«Se estima que esa resolución ministerial, elaborada a pedido de empresas que tuvieron cargas no autorizadas confiscadas en Estados Unidos y Europa, permitió regularizar a 8.000 cargas de madera exportada ilegalmente entre 2019 y 2020», dijo.
Salles fue una de las figuras del ultraliberal o libertario Partido Novo, del que fue expulsado tras los incendios amazónicos de 2019.
El ministro está acusado de reducir la fiscalización ambiental en el país a pedido del presidente Jair Bolsonaro, que acusa a la anterior política de «chiita» (en alusión a un supuesto extremismo de reglas ambientales).
Bolsonaro impulsa una nueva ley de minería en las reservas indígenas amazónicas y la semana pasada defendió el derecho de esa comunidad a explotar las riquezas naturales de los sitios originarios garantizados por la Constitución de 1988.
La operación se llama Akuanduba, en referencia a la mitología de los indígenas Araras, del estado norteño de Pará.
«Según la leyenda, si alguien de la tribu cometía algún exceso contra las normas, la divinidad hacía sonar una pequeña flauta restableciendo el orden», dice el comunicado de la Policía Federal.
El operativo se realizó horas después de que la TV Globo reveló que el exministro de Salud Eduardo Pazuello, un general bolsonarista, es investigado por contratar empresas sin licitación por 30 millones de reales, unos 5,7 millones de dólares, para construir depósitos en Río de Janeiro.
Pazuello este miércoles estaba convocado a declarar ante el Senado en la comisión que investiga las omisiones del gobierno de Bolsonaro en la pandemia.
