El Senado de la Nación aprobó esta madrugada, y convirtió en ley, el proyecto que propone una reducción en las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas temperaturas, luego de un debate de más de seis horas en el que la iniciativa obtuvo el respaldo del oficialista Frente de Todos y de un sector del opositor interbloque de Juntos por el Cambio que votó dividido.
La iniciativa, que había sido aprobada a principios de mes en la Cámara de Diputados, recibió en el Senado 51 votos a favor y doce en contra.
La iniciativa modifica el artículo 75 del Presupuesto 2021 para beneficiar a más de tres millones de habitantes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, San Juan, San Luis y Salta en los que se registran bajas temperaturas.
Además, reduce en alrededor del 50 por ciento las tarifas a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.
Finalmente, la iniciativa prorroga por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565) y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país de temperaturas bajas comprendidos en este beneficio.
Mientras el oficialismo votó en bloque a favor del proyecto, el principal interbloque de la oposición se dividió y sólo ocho de sus integrantes apoyaron la propuesta porque beneficiaba, puntualmente, a las provincias que representan: los jujeños Silvia Giacoppo y Mario Fiad, la santacruceña María Belén Tapia, los mendocinos Julio Cobos y Pamela Verasay; el puntano Claudio Poggi, el sanjuanino Roberto Basualdo y el fueguino Pablo Blanco.
El titular de la bancada oficialista, José Mayans, defendió la política energética del gobierno de Alberto Fernández y atacó a la administración de Mauricio Macri al argumentar que «las energéticas en el año 2019 fugaron 7500 millones de dólares».
Luego «del gobierno de Macri tuvimos que declarar la emergencia energética. Había trabajadores, pymes, pensionados, que no sabían qué hacer con la factura de gas», recordó Mayans.
Además, cuestionó del gobierno anterior el aumento de las tarifas y se preguntó: «¿Qué tipo de sinceramiento es ese?».
En cambio, su colega de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, sostuvo que «detrás de esta buena intención, estamos perdiendo de vista que entramos en una pendiente que eliminó la posibilidad de que este país sea autosuficiente en materia energética».
Además, hizo una autocrítica del ajuste de tarifas durante el gobierno de Mauricio Macri al mencionar que «el sinceramiento de tarifas fue muy duro» y reconoció que «del modo que se implementó tuvo sus consecuencias directas en materia electoral».
No obstante, se preguntó si «¿es un acto de justicia beneficiar con los subsidios a los que están en condiciones de afrontar el pago de las facturas en pandemia?» y mencionó que «es una inmoralidad para quien se vea beneficiado y tiene los recursos para pagar».
El oficialista neuquino Oscar Parrilli, sostuvo que «todo ciudadano, sea rico o pobre, tiene derecho a pagar una tarifa que corresponda al costo del servicio que recibe».
«Si es excesivo, aunque viva en Puerto Madero, no tenemos que hacerle pagar una tarifa que no corresponde. ¿Por qué le vamos a hacer pagar el gas diez veces lo que realmente se beneficia?», explicó.
Su compañera de bancada, la mendocina Anabel Fernández Sagasti mencionó que «un tercio de los argentinos serán beneficiados por esta ley».
«Esto es un paso fundamental en nuestro camino de reconstruir una Argentina que garantice derechos», sentenció.
Por el contrario, la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado aclaró que no estaba «en contra de subsidiar a los que menos tienen», pero cuestionó que «se van a subsidiar a quienes no necesitan los subsidios y, en el camino, el país perderá la soberanía energética».
En la vereda de enfrente, su compañera de bancada, la jujeña Silvia Giacoppo, argumentó que «con este proyecto cumplimos con la manda constitucional que nos impone acciones para que logren la igualdad positiva de nuestra población».
Finalmente, la peronista santafecina María de los Ángeles Sacnun, habló de «derechos constitucionalmente protegidos» y mencionó que «el concepto de energía va ligado al proyecto de Nación», al tiempo que la subrayó «como un derecho humano».
