Ocho de cada nueve bonaerenses que regresaron del exterior en julio se encuentran cumpliendo el aislamiento obligatorio dispuesto en hoteles, que busca retrasar el ingreso de la variante Delta de coronavirus al país, según informó el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.
En declaraciones formuladas anoche a radio Provincia, en el marco del acto por el Día de la Independencia, el funcionario contó que «han llegado pocos turistas a la provincia que hayan salido después del 1° de julio», día en que comenzó a regir la medida que establece la obligatoriedad de cumplir con un aislamiento durante cuatro días en un hotel y luego tres en los domicilios.
En ese marco, precisó que las autoridades de la provincia que ayer realizaron controles, detectaron que «ocho de esas personas estaban en el hotel que habían declarado».
Adelantó, a la vez, que los funcionarios bonaerense concurrirán hoy personalmente al hotel del viajero que ayer no fue localizado en el hotel que declaró.
«Si no está, labraremos un acta, aplicaremos una multa de 4.300.000 de pesos y radicaremos una denuncia penal por atentado a la salud pública», explicó el funcionario.
Las actuaciones de la provincia tienen el objetivo de evitar la propagación de las variantes más infecciosas y que aún no tienen circulación en la Argentina, como el caso de la Delta.
Según marcan el Decreto 260 y la Disposición 2252/20, todas las personas que vuelvan del exterior tienen la obligación de presentar un PCR negativo para poder abordar su vuelo de regreso y además realizarse otro test al llegar a territorio argentino.
En ese contexto, la Resolución 192 de Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Salud bonaerense dispuso que los bonaerenses que viajen al exterior desde el 1° de julio deberán hacer a su regreso un aislamiento obligatorio durante cuatro días en un hotel, con costo a cargo del turista y, luego, completar el período de siete días en su domicilio.
Las personas que arriben al país desde el exterior que no cumplan el aislamiento serán pasibles de las sanciones previstas en el Decreto Ley N° 8841/77, conforme el procedimiento establecido en los Decretos N° 3707/98 y N° 1/21″, lo que implica multas de hasta $4.300.000.
Desde el Poder Ejecutivo se precisó que se fiscalizará el cumplimiento del aislamiento y, en caso de detectar violaciones a la norma, se labrará un acta y se realizarán dos denuncias: una penal por atentado contra la salud pública; y otra ante un Juzgado de Paz por infracción a la normativa provincial.
