La justicia de Ecuador declaró la nulidad de la nacionalidad ecuatoriana del fundador del sitio WikiLeaks, Julian Assange, reveló hoy su defensa, que anticipó que apelará la resolución.
La decisión fue adoptada la semana pasada y notificada oficialmente hoy a la defensa, dijo el abogado de Assange en Ecuador, Carlos Poveda.
“Los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo aceptaron el criterio de la cancillería y declararon la nulidad de la carta de naturalización que se había otorgado a Julian Assange”, informó el abogado.
“La notificación nos llegó hoy”, precisó, según la agencia de noticias Sputnik.
La decisión aún puede ser apelada en varias instancias, y Poveda anticipó que así lo hará.
La nacionalidad ecuatoriana le fue adjudicada a Assange en 2017 por la administración de Lenín Moreno (2017-21), pero el año pasado el mismo gobierno, a través de la cancillería, inició los trámites para retirarla, tras un escándalo desatado en el país por supuestas irregularidades en el proceso de concesión.
Previamente, en 2019, Moreno le retiró a Assange el asilo diplomático del que gozaba desde 2012, aduciendo una reiterada violación de las normas establecidas en las convenciones interamericanas sobre asilo, incumplimientos del protocolo especial de convivencia y la intervención en asuntos internos de otros Estados por parte del periodista australiano.
La decisión judicial de retirar la nacionalidad a Assange se basó en un informe de la Contraloría de la Nación, que sostiene que para concedérsela se omitieron procedimientos, no se verificaron sus ingresos, las firmas del pasaporte no coincidían con las de la petición, y que el australiano no permaneció tres años como mínimo en territorio ecuatoriano para obtenerla, entre otras causas.
Poveda afirmó que todas esas son solo conjeturas, que la Contraloría actuó con intereses políticos, y que en el proceso para retirar la nacionalidad no se demostró ninguna de las acusaciones.
“Desde la primera audiencia hemos dicho que Julian no fue citado de manera legal, los documentos deben ser traducidos pues su idioma es el inglés y eso no se respetó en todos los documentos, y yo me informé de la demanda al ingresar a la página pública de la función judicial”, argumentó el abogado.
