La unción Europea impuso medidas restrictivas a ocho personas responsables de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua y “cuyas acciones socavaron la democracia o el estado de derecho, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo y a su hijo Juan Carlos, esposa e hijo del presidente Daniel Ortega.
Estas medidas están dirigidas a las personas y están diseñadas de esta manera para no dañar a la población nicaragüense ni a la economía nicaragüense” informó el organismo este lunes. Las medidas restrictivas se aplican ahora a un total de 14 personas.
Los designados están sujetos a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. También están sujetos a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE.
“La situación política en Nicaragua se ha deteriorado aún más en los últimos meses. El uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la exclusión arbitraria de los partidos de oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense.
Estas acciones socavan aún más la credibilidad de un proceso electoral, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las Misiones de Observación Electoral de la OEA y la UE”.
La UE ha pedido sistemáticamente al gobierno de Nicaragua que cumpla sus propios compromisos, la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales de derechos humanos. La UE también ha pedido repetidamente “un diálogo significativo con la oposición sobre las reformas electorales como un paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas y ha pedido el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua.
Las sanciones adicionales de hoy demuestran que la UE sigue dispuesta a utilizar todos sus instrumentos para apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política en Nicaragua”.
La detención de un séptimo candidato presidencial potencial el pasado fin de semana ilustra tristemente la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta un panorama sombrío para las próximas elecciones, señaló la Unión Europea. Como se indicó anteriormente, la UE condena firmemente la represión sistemática por parte de las autoridades nicaragüenses, y las insta a “derogar leyes restrictivas, incluida la ley de regulación de agentes extranjeros, y pide la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, así como la pleno respeto de los derechos humanos, civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses”.
El régimen de sanciones se introdujo por primera vez en octubre de 2019, después de que el Consejo hubiera expresado repetidamente su preocupación por el deterioro de la situación política y social en Nicaragua, y condenado firmemente la represión de opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y la sociedad civil desde abril de 2018.
“La situación de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua se ha deteriorado significativamente tras la represión violenta de las manifestaciones de abril de 2018. Desde entonces, al menos 130 personas han sido encarceladas por motivos políticos y más de 108 nicaragüenses han huido del país en busca de asilo en países vecinos. Tres cuartas partes de ellos han solicitado protección en Costa Rica”, informó el Parlamento Europeo.
Publicado en cooperación con Newsweek México
