Diez exministros de Justicia y Defensa de Brasil firmaron hoy un manifiesto en el que instan al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, a que rechace el pedido de juicio político al juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes que presentó ayer el presidente del país, Jair Bolsonaro.
Ayer Bolsonaro había oficializado el pedido de impeachment al juez de la máxima corte del país que lo incluyó en la causa que investiga la difusión de noticias falsas (fake news) en el país. La iniciativa legal había causado un rechazo institucional inmediato.
Primero el propio Supremo Tribunal Federal de Brasil publicó una nota de prensa en la que repudió la decisión de Bolsonaro y luego el titular del Senado, Pacheco, adelantó a la prensa que no veía motivos para avanzar con un juicio político, según el portal de noticias G1.
Los firmantes del manifiesto que se sumó hoy a estos rechazos son Miguel Reale Junior, José Gregori, Aloysio Nunes Ferreira, José Carlos Dias, Celso Amorim, Jaques Wagner, José Eduardo Cardozo, Tarso Genro, Eugênio Aragão, y Raul Jungmann, quienes ocuparon la cartera de Justicia y Defensa bajo los mandatos de los presidentes Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer, según la agencia de noticias DPA.
En el texto, los exministros enfatizaron la «obvia atipicidad de la conducta y el intento de usar» el Senado «para desbaratar el régimen democrático», algo que tendrá «efectos nocivos sobre la estabilidad democrática».
«La ineptitud de la denuncia justifica su rechazo ‘in limine’, por decisión del Presidente de la Cámara, ya que se desestima la solicitud por justa causa ante la evidente inexistencia del hecho ilícito denunciado, mero capricho del agente del país para transformar el Senado Federal como instrumento de persecución personal y como medio de agitación en la nación», agregaron.
Bolsonaro y sus seguidores mantienen un enfrentamiento personal con Moares, que en la corte es el encargado de investigaciones sobre el uso de noticias falsas por parte de la ultraderecha y sobre la financiación de ataques a las instituciones democráticas.
En los últimos días, estas líneas de investigación se saldaron con la detención y registro de varios aliados y simpatizantes del gobernante, que también cuestionó la legalidad del proceso.
