El proyecto que reordena la justicia penal federal y crea juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias se aprobó en una sesión especial por 40 votos a favor y 26 en contra. La media sanción se obtuvo sin el apoyo de la oposición. El oficialismo decidió eliminar la polémica alusión a los medios de comunicación del artículo en el que se obliga a los jueces a denunciar presiones.
Sin embargo, Juntos por el Cambio mantuvo sus cuestionamientos por considerar que la reforma «no era prioritaria» en medio de la pandemia de coronavirus. En la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no cuenta con la mayoría para convertir el proyecto en ley, se complejiza la contienda entre ambas fuerzas políticas.
En el final de la sesión, a senadora Anabel Fernández Sagasti, denunció amenazas a través de la red social twitter contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por promover la reforma judicial e intimidaciones contra los senadores que apoyaron el proyecto aprobado.
Tras más de diez horas de debate, el Frente de Todos apoyó una modificación propuesta por el senador Oscar Parrilli para excluir la palabra mediáticos del artículo que obliga a los jueces a denunciar presiones de grupos de poder, un punto que no había sido incluido en el proyecto original del Poder Ejecutivo.
La discusión en el Senado fue seguida desde las inmediaciones del Palacio Legislativo por manifestantes que se oponían a la aprobación. Desde el Frente de Todos se endilgó a los legisladores de Juntos por el Cambio de «oponerse por oponerse» y de no haber sumado ninguna propuesta de cambio en el tratamiento en comisiones cuando tuvieron oportunidad de hacerlo y la oposición acusó al oficialismo de haber introducido más cambios al texto que no fueron comunicados y no estaban en el dictamen original.
La discusión en el Senado fue seguida desde las inmediaciones del Palacio Legislativo por manifestantes que se oponían a la aprobación.
En sintonía con lo expresado esta semana por Fernández de Kirchner en el sentido de que el país «todavía se debe una verdadera reforma judicial», senadores peronistas como María de los Angeles Sacnún o Matías Rodríguez ratificaron que la de hoy «es una primera ley» pero que harán falta más para «completar» una reforma del Poder Judicial.
La mayoría de los discursos de los senadores del Frente de Todos se orientaron a asegurar que la reforma busca «garantizar la independencia de los jueces» y apuntaron al gobierno de Mauricio Macri, al que acusaron de haber montado «una persecución judicial» contra la expresidenta y miembros de sus dos gobiernos.
En respuesta, senadores de la oposición como Laura Rodríguez Machado y Esteban Bullrich aseveraron que el fin que persigue el oficialismo es la creación de juzgados federales para «licuar» el poder de los tribunales de Comodoro Py, a cargo de causas contra la vicepresidenta.
El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que la reforma es «un intento de colonizar la justicia» con «un reparto de cargos» para «proteger a los autores de delitos de corrupción».
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