Como ocurre en casi todos los países de Sudamérica a diferente escala, Perú enfrenta una crisis en relación a la provisión y el precio de los combustibles, situación que se agudizó por la guerra en Ucrania.
En ese contexto, transportistas y trabajadores del sector agrario mantienen desde hace varios días paralizadas varias rutas del país, en reclamo de una intervención para sostener los precios.
Ante este escenario, el presidente Pedro Castillo declaró este lunes el “estado de emergencia” por 30 días, lo que significa enviar a la Policía Nacional a garantizar el orden interno y la circulación, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Pero los manifestantes insisten y ya convocaron a nuevas protestas este martes e incluso el miércoles, por lo que se teme que se produzcan enfrentamientos.
Al respecto, el jefe de Ministros, Aníbal Torres, había asegurado que los gremios de transportistas no acataron el paro y aseveró que el tránsito de carga y de pasajeros está garantizado en todo el país”. Las asociaciones del sector no lo confirmaron.
QUÉ SIGNIFICA “ESTADO DE EMERGENCIA”
La Constitución de Perú permite al presidente declarar el “estado de emergencia”, por un plazo no mayor a 60 días (luego debe ser renovado), cada vez que se registre “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”.
Para hacerlo, debe contar con el aval del Consejo de Ministros, algo que se da por sentado, teniendo en cuenta que se trata del Gabinete del mandatario. Y se puede declarar sobre todo el territorio o sobre algún área en particular.
“En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República”, se afirma, pero actuarán como respaldo a la Policía, tal como se señalaba.
Una vez decretado, quedan restringidos el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional.
VÍA DE DIÁLOGO
De todos modos, a pesar de este gesto de fuerza, el Gobierno insistió en que apuesta por el diálogo y, de hecho, afirma que ya lo ha iniciado con los referentes de los sectores manifestantes.
«Desde el Ejecutivo tenemos las puertas abiertas, como hemos tenido en estos días de intensas negociaciones en los que hemos llegado a consensos que satisfacen las expectativas que tenían los gremios de transportistas», afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham.
Entre sesos compromisos suscritos, el Gobierno aceptó ampliar por dos meses los beneficios del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, través del cual el Estado compensará a los transportistas de carga y pasajeros; y disponer un subsidio temporal por cuatro meses, del 40% del monto del peaje al transporte interprovincial y de pasajeros nacional y regional, para empresas que tengan hasta 50 unidades.
