Por Lalo Zanoni*
Santi Millán Montes es un actor catalán de 53 años bastante conocido en España. Es el presentador del programa de televisión Got Talent. Hace unas semanas fue tendencia en las redes porque se filtró un video íntimo donde se lo veía teniendo sexo con una mujer que no es su esposa. “No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito”, fue lo único que dijo Millán.
Pero la noticia fue su mujer, Rosa Olucha, con la que el actor tuvo dos hijos. Ella subió cinco contundentes stories a su cuenta de Instagram.
“Hello! A todos los que me preguntan cómo estás o me decís cosas tipo “lo siento, tienes todo mi apoyo”, les comento: Bien, yo estoy bien. Deberíais preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. SU intimidad. Suya y de nadie más”.
“En cuarto lugar, me da mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja. Casi me da más pereza que cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico “pobrecita no se enteraba” o “qué imbécil que se lo permitía”. Mierda de sociedad católica y patriarcal”.
“En quinto lugar, los medios de comunicación convencionales dais asco. Habláis de estos temas como “escándalos” cuando en realidad tendréis que hablar de “delitos” o simplemente callar”.
El mismo fin de semana del video íntimo y la publicación de las stories de Olucha, la serie española “Intimidad” (Netflix) creció hasta ser lo más visto en idioma no inglés de la plataforma. Primero en España y después en el resto del mundo.
La historia recién estrenada, de ocho capítulos, trata sobre Malen Zubiri (Itziar Ituño), una candidata a la alcaldía de Bilbao que es víctima de la difusión de un video donde tenía sexo en la playa con su amante. Pero Zubiri, empoderada y con personalidad, no solo no se corre de la política sino que dobla la apuesta: denuncia el delito y enfrenta a los hombres y mujeres machistas que la señalan. “Siento pudor, no vergüenza”, dice.
En paralelo a la historia de la funcionaria vasca, la serie cuenta la de Ane, una joven común y corriente que trabaja en una fábrica de acero y que también es víctima de la difusión de un vídeo sexual. En el trabajo la señalan, se ríen de ella y algunos incluso la empujan, la tratan de puta y la acosan. Sus compañeras mujeres no la defienden y la acusan. Cuando va a pedir ayuda a los directivos de la compañía, tampoco encuentra protección. Indefensa, se suicida.
La realidad siempre supera a la ficción. La historia de Ane fue inspirada en un caso real. En 2019, Verónica, una española de 32 años y madre de dos hijos, se quitó la vida después de que un video íntimo circulara entre los más de 2500 trabajadores de la planta de Iveco en Madrid. Cuando las imágenes llegaron al celular de su marido, ella se mató.
El video había sido grabado cinco años antes cuando, en una crisis con su marido, ella mantuvo relaciones con un compañero de trabajo. Él fue quien difundió el video en un grupo de Whatsapp entre compañeros de trabajo. Cuando ella acudió a denunciar el hecho a RRHH de Iveco, la empresa le respondió que se trataba de un “asunto personal” y que no podía hacer nada.
Tras la noticia del suicidio, el video fue lo más buscado en los sitios pornos españoles.
La difusión no consentida de fotos o videos íntimos (mal llamada “pornovenganza”) en redes sociales, mensajeros tipo Whatsapp, mails, etc. es considerada un tipo de hostigamiento y extorsión. En España ya está en la ley y la pena va de prisión de tres meses a un año o multa económica. En otros países también.
Sin embargo, en la Argentina todavía no es un delito. El abogado Miguel Sumer Elias, especialista en ciberdelitos (@sumerelias) explica: “En muchos países estas acciones ya se incorporan a los códigos penales como delito, como la ley Olimpia en México. Pero acá hay desidia porque solo se necesita voluntad política para poner el tema en la agenda. Hasta ahora, solo los porteños pueden denunciar algo así (es una contravención) y que se investigue, pero en el resto del país todavía no”.
El proyecto para modificar el artículo 155 del Código Penal sólo logró media sanción en el Senado en julio de 2020. Busca penalizar con hasta hasta dos años de prisión a quien difunda este tipo de contenidos. Acá se la bautizó como “Ley Belén” por la policía Belén San Román, que en 2020, cuando tenía 26 años, se suicidó en Bragado tras la difusión de un video íntimo.
Es importante aclarar que el sexting, es decir enviar a otro/a imágenes sexuales con autorización, no está prohibido y es una práctica legítima siempre que haya un acuerdo previo entre las partes involucradas. Es una manera de ejercer la sexualidad. Sin embargo, el reenvío posterior de esas mismas imágenes a uno o más terceros sin autorización, sí se considera una falta o un delito.
Cuando las imágenes llegan al público y a los medios de comunicación, la condena social se invierte. En vez de señalar a los que difunden los contenidos, se señala siempre a las víctimas, que en la gran mayoría de los casos son mujeres. Y es muy frecuente que las imágenes circulen sin que los protagonistas las hayan enviado. Es decir, el contenido se obtiene de robos, hackeos o pérdida de los dispositivos de captura o almacenamiento (celulares, notebooks, discos externos, pendrives, etc). Así le ocurrió, por ejemplo, a Florencia Peña cuando llevó a arreglar su computadora y después un video íntimo con su ex pareja empezó a circular en la web.
La violencia contra las mujeres también se ejerce en formato digital. Ahora el Congreso tiene una nueva oportunidad para defenderlas.
*Periodista especializado en tecnología
