El mundo vive una crisis energética y ya son varios los países latinoamericanos en donde manifestantes alzan su voz para expresar su descontento contra políticas de ajuste que recaen especialmente sobre los sectores más vulnerables.
Durante los últimos días, la crisis en Panamá se agravó debido a protestas en las calles de las principales ciudades donde manifestantes quemaron basura para exigir al gobierno del país centroamericano medidas para frenar la inflación, bajar los precios del combustible y los alimentos.
El gobierno panameño aprobó una serie de medidas de austeridad para controlar el gasto público y estableció un control de precios para algunos productos de la canasta básica, luego de semanas de protestas en todo el istmo en contra el alto costo de la vida y el creciente gasto en las instituciones estatales.
En un intento por frenar las manifestaciones, a principios de semana, el presidente Laurentino Cortizo anunció que su administración congelará, desde el viernes, el precio del combustible para los autos particulares y el transporte de carga por tres meses.
Mientras el Consejo Ministerial ordenó a las instituciones iniciar un proceso de reducción del 10% de la planilla estatal -que viene creciendo sostenidamente en los últimos años-, el inicio de un programa de retiro voluntario de empleados públicos, y la suspensión de aumentos salariales, salvo excepciones, según un comunicado oficial divulgado este martes.
Las medidas, que estarían vigentes por un tiempo no especificado, también incluyen la prohibición de realizar viajes excepto que se trate de una representación formal del país o como miembro de una organización internacional.
El gabinete de ministros, encabezado por Cortizo, también aprobó el control de precios para 10 productos, incluidos macarrones, lentejas y aceite vegetal, que estará vigente hasta diciembre de 2022.
