En las últimas semanas, varias organizaciones sociales se vieron envueltas en denuncias por presuntos delitos al quedarse con un porcentaje de los montos que reciben los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Ante esta situación, el Gobierno nacional aprobó una medida para “evitar manejos indebidos” en este plan social.
A través de la Resolución 430/2022 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Economía Social, a cargo de Emilio Pérsico, dictaminó la creación de la “Carta Básica de Derechos y Obligaciones para trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular”.
Este reglamento establece los derechos y obligaciones que deberán tener los beneficiarios del Potenciar Trabajo, con el objetivo de “evitar manejos indebidos de las organizaciones en su ejecución y difundir los canales de reclamo y denuncia existentes”.
Por un lado, esta Carta Básica menciona que quienes forman parte de este programa deben cumplir “un máximo de 60 horas mensuales dentro de su plan de actividades y grupo de trabajo de su Unidad de Gestión o Certificación”, a la vez delimita las actividades contempladas.
Además, remarca que los trabajos se realizan “en forma independiente o agrupada, bajo relaciones comunitarias o en cooperativas de trabajo”, pero “nunca en beneficio de un tercero que no sea la comunidad o realizando actividades bajo una relación de dependencia encubierta”.
En ese sentido, la resolución explica que “ninguna persona o autoridad de las Unidades de Gestión o Certificación del Programa Potenciar Trabajo puede exigir dinero, como ‘aporte’ o ‘cuota’ bajo amenaza ni exigir participar de actividades políticas, religiosas o de otra naturaleza distinta a las laborales o educativas del programa”.
La medida es lanzada luego de que varias agrupaciones se vean envueltas en presuntos delitos contra quienes forman parte del Potenciar Trabajo. Una de ellas es el Movimiento Evita, liderada justamente por Pérsico, investigada por la Justicia Federal de La Pampa por quedarse con el 50% del dinero de los beneficiarios.
También se involucró al Polo Obrero, ya que el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció penalmente a sus líderes, Gabriel Solano y Eduardo Belliboni, de cobrar un 2% a quienes forman parte de esta organización.
