A lo largo de su campaña, el ahora presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido en que su plan de acción en relación a los grupos armados paramilitares y a las bandas criminales estaría basado en el respecto de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016 y en la recuperación del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los tiempos de poner en marcha estas iniciativas se acerca: Petro asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, con el peso de ser el primer mandatario de izquierda del país y ser acusado por sus detractores como “exguerrillero”.
Este martes, a menos de dos semanas de instalarse en el Palacio de Nariño, las Naciones Unidas elaboraron un informe en el que le indican al sucesor de Iván Duque que debe desmantelar esos grupos, mientras crece la violencia en las comunidades rurales. El documento está firmado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), liderada por la chilena Michelle Bachelet.
Para el organismo de la ONU, la firma de los acuerdos de paz habían permitido reducir la violencia, pero en los últimos dos años se produjo un rebrote: se verificaron los asesinatos de 100 líderes comunitarios en Colombia en 2021; y en el inicio de 2022 recibió informes sobre 114 incidentes, de los cuales pudo comprobar 22.
«La respuesta del Estado, principalmente militar, no ha conseguido frenar la expansión de los grupos, y la escasa presencia de instituciones civiles ha agravado la situación», aseguran a través de un comunicado. Por el momento, Duque no ha respondido a estos datos.
De cara al futuro, la dependencia que lidera Bachelet sostiene que Petro debe disminuir y desmantelar las estructuras armadas ilegales, que incluyen grupos disidentes de las FARC que rechazan el acuerdo y bandas de narcotraficantes, así como consolidar la presencia estatal en las zonas más afectadas por la violencia.
Y, en ese sentido, la expresidenta chilena concluyó: “El Estado debe proteger a la población de la violencia de una manera que respete el derecho internacional de los derechos humanos. El enfoque del Gobierno entrante sobre la paz total y la implementación regional del acuerdo de paz es un enfoque sólido que mi Oficina apoya».
