Dejen de humillar a los ciudadanos. De eso es símbolo el joven que fue detenido cuando intentaba ejercer su derecho de circular libremente para ir a su trabajo en medio de los piquetes. No es que esté bien que haya intentado avanzar a pesar del desvío policial, pero ¿esposarlo y detenerlo? ¿A él? ¿En serio? Que él sea el detenido mientras la ciudad está sitiada por protestas que deliberadamente obstruyen los derechos de todos muestra hasta qué punto está todo absolutamente al revés, y que el que quiere hacer las cosas bien es cada vez más un ciudadano de segunda.
La Ciudad ha dejado cruzar demasiadas líneas en las recientes protestas. Los bloqueos al Metrobus, la instalación de carpas y los acampes totales por varios días en la Av. 9 de Julio son el ejemplo de eso.
Las autoridades han aducido una y otra vez que buscan evitar un mal mayor. Pero tiene que haber una manera de que puedan cumplir con su deber de garantizar los derechos de todos. Porque, no importa la explicación. Primero, ese es su deber; y segundo, con esta política lo único concreto es que los que habitan y trabajan en la ciudad se convierten en cautivos de protestas extorsivas, impedidos de hacer su vida normal, indefensos y ninguneados como si sus derechos no valieran.
En la jornada de ayer, trayectos que normalmente demandan unos minutos requirieron horas. No puede normalizarse eso. La única solución no puede ser institucionalizar la permisividad, la tibieza y la extorsión, porque eso es ceder el orden y el cumplimiento de la ley.
Agosto podría convertirse en un mes récord, con más de 1.000 cortes en todo el país y un gran número de ellos ocurre en la ciudad. A nivel nacional, 2022 podría terminar superando los 10.000 cortes anuales y sólo en los últimos siete meses la cantidad de piquetes alcanzó los 5.343.
Por su enorme obstrucción, las marchas se convierten en una forma de violencia porque afectan directamente y en especial a otros trabajadores, y si la Ciudad no hace algo más termina siendo socia del piquete, en vez de garante de la ley.
Es cierto que en los últimos tiempos las autoridades porteñas han intentado mostrar más firmeza en este sentido. De hecho, gracias a la negociación hasta última hora del ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, se pudo frenar el despropósito de una protesta frente a La Rural en el día de la inauguración oficial, que venía con amenazas que podrían haber terminado en un desastre. Y también en estos días se decidió que perderá el plan el beneficiario que no mande los chicos al colegio, al menos en el marco de los programas sociales porteños. Pero algo está fallando si en el choque de los derechos de protesta y circulación, se normaliza que esta ciudad se convierta en un lugar insufrible, intransitable y sitiado para sus propios habitantes. Están estimulando el todos contra todos si el estado no es árbitro justo del conflicto.
Algo de reconocimiento de que la situación da para más, vino del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien anoche responsabilizó al Gobierno nacional.
El acampe de hoy es la consecuencia de una política social que no da para más. Tenemos 800 efectivos dispuestos para garantizar la circulación. pic.twitter.com/kSFFIaCCFP
— Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 11, 2022
Pero el reconocimiento del problema no alcanza. Alguien debe hacer cumplir la ley y mantener el orden, porque ese es el rol del Estado. No puede ser normal que las autoridades abdiquen a garantizarlo o que esa sea su política. Porque lo que termina ocurriendo es que dejan de tener validez los derechos de quienes no sólo sostienen con su trabajo al país, sino que también pagan los impuestos a la ciudad en la que intentan vivir y se ha vuelto un laberinto de desconsideración, donde, encima, el que hace las cosas bien es el que marcha preso.
La Policía ya no sólo es espectadora cuando los piquetes se adueñan del espacio público mientras los comerciantes padecen, el que transita padece y el que tiene que llegar no llega, mientras que el que tiene que recibir el premio es encima el que recibe el castigo y marcha preso.
Si como dice el jefe de Gobierno, la Policía de la Ciudad está para cuidar de los vecinos, defenderlos y asegurar el ejercicio de sus derechos, que lo hagan también en las marchas.
Porque ahora pasaron la raya. En una sociedad que debe acostumbrarse a que la Policía custodie a barrabravas mientras nadie frena a los delincuentes, a veces parecen custodios de los piquetes. Y se suma el colmo de que no caen con el peso de la ley en quienes obstruyen el paso, sino en la víctima de esa obstrucción. Está bien el pedido de disculpas, pero no alcanza.
Basta, señores, de humillar en todo sentido a los ciudadanos. Días pasados, una señora se bajó de un auto y ella misma negoció con un piquete para que dejara pasar a los vehículos. No tenía placa ni uniforme, pero impuso autoridad desde el sentido común y la voluntad de hacerlo.
Ayer, el que siguió las noticias vio un contraste bruto. Este es un país donde las autoridades nacionales les compran televisores a los delincuentes y en la protesta del día el que termina preso es el que intenta con justicia transitar por la calle.
En la lesión a la Libertad de Álvaro, el joven esposado y detenido, hay un símbolo de la permanente lesión a la libertad de todos. Es el último eslabón de una cadena de permisividad. Un dejar hacer que da toda la vuelta hasta que un día, un comisario se convence de que al que tiene que cuidar es al que obstruye y al que tiene que detener es al ciudadano.
