Por Jorge Altamira
Los magnicidios o tentativas de magnicidios ejecutados por supuestos “llaneros solitarios” deben ser tomados con pinzas y, todavía más, con enorme desconfianza. Los servicios de seguridad, tanto nacionales como extranjeros, han penetrado todos los poros de la vida ciudadana, en especial cuando, como ocurre en la actualidad, cuentan con herramientas tecnológicas impresionantes. Hasta el aparato de espionaje menos sofisticado puede «guiar» a un individuo a cometer un asesinato político.
La primera cuestión que plantea el atentado contra la vida de Cristina Kirchner es determinar, precisamente, si fue o no parte de una conspiración política criminal. De un modo general, el llamado “Estado profundo” es proclive a encubrir estos hechos y a sus protagonistas; sabe que sus ramificaciones hacia arriba pueden comprometer al Estado en su conjunto. Es lo que estamos viendo en estos días con la indulgencia del poder político y judicial norteamericano frente a Donald Trump, que comandó un golpe de Estado en enero de 2021 y en su retiro de la presidencia se apropió de documentos secretos con el propósito de extorsionar eventualmente a sus rivales políticos.
Lo dicho hasta aquí es especialmente oportuno porque la tentativa de asesinato de ayer, jueves, contra Cristina Kirchner, no se produjo en el vacío. Fue precedida, en primer lugar, por un reclamo de condena de 12 años por parte de los fiscales de la causa Vialidad. También por una disputa política abierta entre los gobiernos nacional y porteño, y entre la Policía de la Ciudad y la Federal, acerca de la romería que se había desarrollado en torno al domicilio de la Vice. Todo esto, en el marco de un renovado peligro de corrida cambiaria y estallido hiperinflacionario.
El episodio criminal tuvo lugar luego de un acuerdo entre ambos gobiernos y ambas policías, más preocupados por reglamentar la vigilia kirchnerista que por la custodia de la mandataria. El resultado fue que, a la hora de los hechos, la vulnerabilidad de la vicepresidente alcanzara ribetes de tragedia; la cosa incluso empeoró porque CFK siguió con la rutina de firmar dedicatorias por algunos minutos, cuidada por expertos.
El discurso en cadena que pronunció Alberto Fernández, un par de horas después de lo ocurrido, no hizo la menor alusión a estas circunstancias. Fue un discurso encubridor, mientras en los medios de comunicación se ventilaba que la custodia de Cristina Kirchner se había duplicado, y hasta para algunos cuadruplicado, sin que este celo se manifestara en el terreno. Como la Policía de la Ciudad responde al macrismo y la Federal al kirchnerismo, las responsabilidades se encuentran repartidas «salomónicamente». Obviarlas es simplemente encubrimiento. Con un enorme tendal de policías, el entorno del domicilio de CFK quedó convertido en “una zona liberada”. Antes de esto, los medios de comunicación del oficialismo denunciaban a los grupos de “escraches” que actuaron frente a la Rosada y el Congreso.
Lo ocurrido el jueves no fue tampoco una suma de hechos inconexos. El kirchnerismo llevó la disputa en torno a la vigilia en la Recoleta a un cuestionamiento de la autonomía constitucional de la Ciudad. Acusó a la Policía de la Ciudad de “política”, o sea, al servicio de la camarilla de Larreta. Ambas cosas, sin embargo, tanto la autonomía de la Ciudad como la instalación de una policía local, fueron pactadas por todos los protagonistas actuales. Luego, buscaron otorgar su propia policía a los intendentes. Menemistas y radicales, frepasistas y duhaldistas, kirchneristas y macristas –todos juntos– pactaron sacar a la capital de la tutela federal. Alberto, Cristina, Zaffaroni y Vilma Ibarra la votaron con ambas manos. La función económica de la autonomía porteña había sido resumida, sin medias palabras, por Domingo Cavallo, cuando señaló el propósito de convertir a la Ciudad en “la Capital financiera y turística” del Mercosur.
La autonomía fue la expresión política de los intereses inmobiliarios y financieros que, desde Puerto Madero, pretenden cubrir toda la ribera del Plata y del Riachuelo. Es un plan de desalojo masivo, que sólo ha disminuido de velocidad por la terrible crisis social y habitacional de gran parte de la urbe, sin por eso detener el negocio, que ahora acaba de recibir la bendición «nacional y popular» de un blanqueo.
Alberto Fernández, luego de consultar por teléfono a Cristina Kirchner, adjudicó el atentado a «los discursos de odio”. No hizo referencia a las enormes irregularidades de la custodia; ni a la disputa constitucional desatada entre el Gobierno de la Nación, de un lado, y el de la Ciudad, del otro; ni al proceso judicial por defraudación del Estado; ni a los discursos de CFK para desmantelar el movimiento piquetero. Adjudicó al atentado criminal una “gravedad institucional”, lo que equivale a una tentativa de golpe, y dijo, para reforzar, que “afecta la democracia”.
En este caso, Alberto Fernández sabe más de lo que se conoce acerca del atentado; de lo contrario, ha recurrido al palabrerío para zafar de la responsabilidad del Gobierno en la protección de la Vicepresidenta. Si detrás de lo ocurrido hay golpistas, hay que señalar que un par de horas antes, el kichnerismo había votado con los golpistas, en el Senado, el otorgamiento de un dólar de 200 pesos a la exportación adicional de la industria automotriz, y se apresta a hacerlo para favorecer a los exportadores de soja. Massa, la otra pata del trío, dijo lo mismo: “Cuando el odio y la violencia se imponen sobre debate de ideas, destruyen las sociedades y se generan situaciones como la de hoy: un intento de magnicidio”. Pero él mismo ha incorporado al Gobierno a un tuitero del odio, que tuvo que disculparse por sus dichos pasados para poder asumir como viceministro de Economía.
Las proclamas de “repudio” y las convocatorias a “la solidaridad”, luego del atentado, no bajan ni un milímetro la crisis política que se ha desatado luego de las Paso de 2021. Es una crisis que no tiene que ver con el odio, sino con la bancarrota del Estado propiciada por el capital financiero, y con el hambreamiento de los trabajadores.
Jorge Altamira (Foto: Damián Dopacio – NA)
Tentativa de golpe fue la corrida contra el peso que llevó a la renuncia de Guzmán, y fue gestada desde el propio kirchnerismo. Un estallido del dólar había colocado al Gobierno al borde del colapso. En lugar de denunciar el golpe, el Gobierno de los Fernández les ofreció a los golpistas financieros dos cosas: el rescate de los bonos públicos en pesos que se habían desplomado en valor, y un “bono dual”, que se ajusta al mayor valor entre el dólar y la inflación. Alberto Fernández, en esa ocasión, no convocó a cadena nacional, ni CFK usó las redes para denunciar el golpismo: nombraron a Massa para que arreglara con los golpistas.
La invocación a “la paz social”, otro plato del discurso, es una extorsión contra los trabajadores. El Gobierno pretende usar el atentado para frenar los reclamos, las manifestaciones y las huelgas. Los punteros oficiales asumen que el atentado, la denuncia de un golpe y la defensa de la democracia son una buena platea para lanzar a la líder a la candidatura a la presidencia. El kichnerismo pretende contener con una operación “clamor” las luchas contra el ajuste, la precarización laboral, la recesión que levanta cabeza y la confiscación de los ingresos. Se trata de un «operativo» reaccionario, que busca apoyo en el FMI contra los trabajadores.
La “paz social” que reclama AF se resentirá considerablemente con el tarifazo de los servicios, el aumento de la nafta y las devaluaciones a medida que diseña el Gobierno con el Banco Central. De otro lado, con la crisis financiera se acentuará el conflicto entre los distintos sectores patronales en torno al carácter de la “estabilización” de la economía, por un lado, y el conflicto judicial, por el otro.
Hay una lucha a muerte por imputar a CFK y su camarilla la asociación ilícita, como si no alcanzara la defraudación al Estado y la cadena de estancias de Lázaro Báez. En oposición a los republicanos vacilantes, como el ex K Pichetto o el periodista Carlos Pagni, el profesor ´garantista´ Roberto Gargarella refuerza hoy en Clarín la importancia de la asociación ilícita, o sea la condena a doce años contra CFK. No alude en ningún momento a un vicio fundamental del juicio oral, como lo es la colusión del fiscal Diego Luciani con el juez Giménez Uriburu y, adicionalmente, la que afectaría al juez Gorini. Y, sucesivamente, la que atañe a los jueces de Casación que juegan al paddle con Macri. Argentina asiste a una disolución espectacular de su régimen político en medio de un descomunal impasse financiero, en un mundo capitalista en guerra internacional sin fecha de vencimiento.
El atentado contra Cristina Kirchner no es la causa eficiente de esta crisis, sino el accidente criminal que expone un derrumbe histórico descomunal. Las exhortaciones a contener el «sobregiro» alcanzado por esta crisis están condenadas al fracaso.
