Tras la avanzada de las fuerzas armadas de Ucrania, en el marco de su contraofensiva para recuperar los territorios ocupados por Rusia, Vladimir Putin decidió impulsar de manera acelerada la realización de referéndums separatistas en cuatro regiones invadidas.
De manera oficial, Rusia está exhortando a los grupos que promueven la separación de de Ucrania y la anexión a la nación invasora en Zaporiyia, Luhansk, Jersón y Donetsk. De ese modo, sostienen los analistas consultados por Newsweek, Putin obtendría el “justificativo legal” que necesita para utilizar armas nucleares: sólo puede hacerlo para defender territorio ruso; si estas regiones pasan a serlo, entonces Rusia puede defenderlas usando todo su potencial militar.
Desde luego, Ucrania desconoce la validez de esos comicios, que empezaron a realizarse el pasado fin de semana, y la mayor parte de Occidente está apoyando la postura ucraniana, con el respaldo de EEUU y Europa. Sin embargo, el Gobierno de Volodímir Zelensky señaló que un grupo de países estaría dando soporte a esos intentos separatistas, incluyendo a tres sudamericanos.
Un comunicado del Ministerio de Reintegración de los Territorios Ocupados, con fecha del 24 de septiembre, sostiene que las fuerzas rusas están llevando adelante un “intento excepcional para conseguir un psudorreferéndum” en las zonas ocupadas y afirma: “Ellos insisten que esos referéndums serán transparentes y legítimos. E incluso han invitado a observadores extranjeros con ese propósito”, lanzaron.
Entre esos observadores extranjeros están Uruguay, Brasil y Venezuela, junto a Bielorrusia, Siria, Egipto, Togo y Sudáfrica. Y Ucrania los acusa de ser tan “criminales” como Rusia, por colaborar con la justificación de la invasión.
“Estamos apelando a los extranjeros: ¡Todos los que se atreven a complacer a los criminales se convierten en criminales! ¡No podrán evitar la responsabilidad!”, advirtió la cartera ucraniana.
Según Noticias Argentinas, en el caso puntual de Uruguay, no se trata de un enviado especial por parte del país, sino de un integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, hoy partido opositor, y de la División de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo, Sebastián Hagobian.
En su cuenta de Twitter, el observador explicó: “La observación electoral y de la guerra no implican validar resultados, pero sí obtener información de primera mano. Estoy en mi licencia personal en Moscú, en actividad académica y para mantener diálogos políticos vinculados en contra de la invasión de Azerbaiyán contra Armenia».
En una entrevista con el periódico suizo Blick, el asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, anticipó que aquellos ucranianos que hayan ayudado o estén ayudando a Rusia a organizar los referéndums serían acusados y juzgados por traición (con penas de al menos cinco años de cárcel). «Tenemos listas de nombres de personas que han estado involucradas de alguna manera», aseguró.
Sin embargo, garantizó que quienes hayan participado de manera forzada no serán juzgados. Esto se debe a que, según relataron, en algunas zonas el referéndum se está llevando a cabo de manera forzosa, llevando las urnas casa por casa junto a los soldados rusos, obligando a la gente a votar.
Aunque Rusia no tiene control completo sobre ninguna provincia ucraniana, se especula con que Putin anuncie la anexión el 30 de septiembre, durante su discurso ante el Parlamento, en Moscú.
Mientras tanto y para ello, Putin sigue adelante con su convocatoria a 300.000 reservistas para reforzar el frente de combate, a través de un llamado compulsivo a una lista de potenciales soldados con experiencia militar. Miles de hombres a lo largo del país han iniciado un éxodo hacia las naciones vecinas para evitar se cooptados por las fuerzas armadas y llevados a lo que creen que puede ser una muerte segura. Ante este panorama, en los últimos días comenzó a circular la versión de que el Kremlin podría imponer la Ley Marcial.