En una sesión especial, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto para reformar la ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, la cual establece la suspensión de desalojo por diez años.
La medida obtuvo un amplio consenso de todos los bloques y fue aprobada por 227 votos a favor. Solo hubo dos negativos – Francisco Sánchez, del PRO, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad- y tres abstenciones -Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata, de Juntos por el Cambio-.
Esta normativa propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 con respecto a los barrios populares. Además, como garantía de su implementación y para mantener el derecho a la vivienda, se prorrogó la suspensión de desalojos por diez años.
“Esto es una política pública”, destacó el diputado oficialista diputado Lucas Godoy, quien además explicó que el proyecto declara la emergencia socio-sanitaria y ambiental por dos años e incorpora la perspectiva de género en la titularidad de propiedades.
Desde Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato reconoció que esta ley “se promovió en el gobierno de Mauricio Macri y fue mejorada por la actual presidencia de Alberto Fernández”.
El radical Fabio Quetglas aseguró que la cantidad de personas que viven en barrios populares son una muestra no solo de la pobreza, sino también de “la falta de crédito”, por lo que pidió “generar condiciones económicas y sociales de integración futura”.
Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda, también mencionó que la ley tiene “aspectos progresivos” en el acceso a servicios básicos, como cloacas, energía eléctrica y agua potable.
Ahora, el proyecto será enviado al Senado, donde será debatido y espera conseguir la media sanción que necesita para convertirse en ley.
