Por Juan Bautista Mahiques*
La vulnerabilidad del Ministerio Público frente a las organizaciones criminales dificulta en extremo la labor profesional de los agentes de la justicia, y afecta su capacidad de conducir investigaciones serias.
El reciente asesinato del fiscal ecuatoriano Federico Estrella por parte de sicarios se suma a la lista de crímenes violentos sufridos por magistrados latinoamericanos durante el último año. Los ataques perpetrados se ajustan a un patrón alarmante, que debe ser atendido con urgencia.
La noticia acerca del crimen del fiscal Estrella trasciende luego de que fueran conocidos los homicidios de Marcelo Pecci, de Paraguay; Luz Marina Delgado, de Ecuador; y Karen Almendares, de Honduras. Se trata de un registro repudiable que erosiona la legitimidad del sistema de justicia en toda la región.
Actualmente, los representantes del Ministerio Público son amedrentados por investigar al poder político y al crimen organizado, o por desentrañar redes de corrupción pública y privada. La persecución que sufren se manifiesta en amenazas, destituciones arbitrarias o, directamente, atentados violentos.
Estos episodios ponen en evidencia la debilidad estructural de los mecanismos de protección existentes para asegurar la integridad psicofísica de los fiscales. La vulnerabilidad del Ministerio Público frente a las organizaciones criminales dificulta en extremo la labor profesional de los agentes de la justicia, y afecta su capacidad de conducir investigaciones serias, objetivas e imparciales sobre asuntos que mantienen en vilo a la ciudadanía y que afectan la estabilidad del sistema democrático.
A raíz de ello, las autoridades de los Ministerios Públicos de la región debemos implementar con premura protocolos de protección que brinden a los fiscales las condiciones para desempeñarse adecuadamente en un contexto regional de extrema hostilidad y violencia. El carácter eminentemente transnacional de las investigaciones que dan lugar a este tipo de represalias exige desarrollar mecanismos de articulación y cooperación entre los organismos internacionales especializados en la temática. Es preciso generar un amplio consenso internacional entre actores institucionales y académicos acerca de los estándares de seguridad indispensables para enfrentar el flagelo del crimen organizado.
El 27 de septiembre asumí la presidencia de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), organismo consultivo de la ONU, que fue creado en 1995 en las Oficinas de Naciones Unidas en Viena, con el espíritu de dar respuesta al rápido crecimiento de delitos que trascienden las fronteras de los Estados, y que se ha consolidado como un espacio clave de intercambio y cooperación entre los más de 350 mil fiscales de los 177 países que la integran. Es la primera vez que un fiscal de América Latina accede a este cargo.
Confío en que este será un marco institucional propicio para reclamar el esclarecimiento oportuno de cualquier embestida contra la independencia del Ministerio Público. Al mismo tiempo, el liderazgo que asumirá la región permitirá revisar la efectividad de las disposiciones actuales, y promover nuevos mecanismos de protección que garanticen la indemnidad de los magistrados que intervienen en procesos de esta naturaleza.
Vivimos tiempos difíciles. La pandemia global de Covid-19 dejó al descubierto las desigualdades e injusticias que sufren las personas más vulnerables y marginadas de nuestra sociedad. Frente a estas circunstancias, los fiscales tienen una misión imprescindible que cumplir como garantes de la justicia y defensores del Estado de Derecho. Para ello, es imperativo respaldar su trabajo y devolverles la tranquilad que necesitan para desempeñarse de forma profesional y eficiente.
*Presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP-ONU).
