Hace prácticamente un mes, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destituyó a su entonces presidente, el estadounidense de origen cubano Mauricio Claver-Carone, por considerar que violó las normas de ética del organismo internacional.
A través de un escrito anónimo, se supo que Claver-Carone mantenía un romance con una empleada del BID, a quien había beneficiado en reiteradas oportunidades con ascensos y aumentos de sueldos. Luego de una investigación a cargo de una agencia independiente, se probó la relación y los gobernadores de los países miembro votaron sus salida.
Pero los escándalos no terminaron allí. La entidad recibió una serie de mails anónimos en los que se efectúan nuevas denuncias contra otros directivos, con información detallada. “Hay más situaciones irregulares entre directores ejecutivos y empleados jerárquicos que deberían ser objeto de investigación por parte de la administración, la Junta y la oficina de ética”, admitió el organismo. Y en ellos se involucra a dos argentinos.
Se trata de James Scriven (de doble nacionalidad: argentino y británico), gerente general de BID Invest, que maneja la cartera privada de inversiones del banco; y de la argentina Sofía Peña, también empleada del organismo, quien desde su contratación habría recibido numerosos beneficios salariales.
Los mails señalan que entre ellos existe una relación más estrecha que la estrictamente laboral. Un escrito del BID afirma que la «malversación de fondos en IDB Invest y los aumentos salariales significativos y discrecionales pagados a los miembros de la Alta Dirección que carecen de transparencia y ética, y potencialmente violan las normas de la institución”.
El escándalo va todavía más allá y parece tornarse en una trama política, ya que Scriven es señalado como presunto “armador” de la salida de Claver-Caron y se lo señala como el “ghostwriter” de la carta que denunció aquella relación.