La flamante presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien llegó al cargo tras la destitución de Pedro Castillo, anunció este lunes que presentará ante el Congreso un proyecto para anticipar las elecciones y realizarlas en abril de 2024 y no en 2026 como está previsto que ocurra para cumplir el mandato original de su antecesor.
Las palabras de la exvicepresidenta buscan apaciguar las duras manifestaciones, especialmente en la región andina, en las que ya se registraron al menos dos muertos (algunas fuentes sostienen que son tres) y decenas de heridos, como consecuencia de la represión policial.
Por eso, afirmó en un mensaje por televisión: “Interpretando la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024”. Serían comicios tanto para presidente como para la renovación plena del Legislativo.
Desde hace más de una década, las elecciones en Perú resultan sumamente fragmentadas en pequeños partidos, lo que ha tornado difícil la gobernabilidad. Eso fue también lo que le sucedió a Castillo, quien se impuso en segunda vuelta y debió llevar su año y medio de Gobierno con un Congreso en manos de la derecha y la centro-derecha. Luego de dos intentos fallidos de juicio político, Castillo enfrentó un tercero y, en vistas de una derrota segura, intentó cerrar el Congreso y llamar a elecciones legislativas, en lo que se consideró un “autogolpe de Estado”. Tras fracasar su maniobra, fue destituido y detenido.
Ante las crecientes protestas, Boluarte declaró el “estado de emergencia” en aquellas zonas en las que se registran protestas violentas, con el objetivo de “recuperar pacíficamente el control del orden interno”. En ese sentido, lamentó los dos fallecidos en Andahuaylas, en el sur del país, donde se habría intentado una toma del aeropuerto local.
Miles de manifestantes avanzaron hacia la terminal, en la región Apurímac, de donde es originaria Boluarte. La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial había comunicado el cierre de Andahuaylas «tras los ataques y actos de vandalismo que viene sufriendo desde el último sábado», en los que se habría incendiado «la sala de transmisores» indispensable para brindar los servicios de navegación.
Tras la represión, la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, informó a la prensa local que las víctimas son un adolescente de 15 años y otro de 18 años, posiblemente producto de heridas de bala. Pero antes de esto se había dado cuenta de otro fallecimiento luego de un “ataque”, y aunque las causas no fueron oficializadas, el gobernador de Apurímac, Baltazar Lantarón, señaló que tendría una “herida en el cuello”.
Mientras tanto, otras miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno pidiendo el cierre del Congreso y un inmediato llamado a elecciones. Y a esto se sumaron los gremios agrarios y las organizaciones campesinas e indígenas, las cuales anunciaron un «paro indefinido» a partir del martes, yendo todavía más allá: exigen una nueva Constitución y la liberación de Castillo por considerar que su intento de cierre del Congreso no significó nuingún intento de golpe, sino el uso de una herramienta constitucional.
LA SITUACIÓN DE CASTILLO
Este fin de semana, el congresista Guillermo Bermejo publicó una carta en la que el propio Castillo da cuenta de su situación como detenido.
En ese texto manuscrito denuncia que varias personas lo «obligaron a sacarse una muestra» de sangre el viernes y que lo volvieron a hacer ayer. «En la tarde de ayer un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento; igualmente el día de hoy, volvieron con lo mismo por haberme negado, por seguridad y mi integridad», aseguró Castillo.
Sin embargo, la autoridad forense lo desmintió: el viernes se hizo público que un equipo de médicos legales de la Fiscalía iba a visitar al expresidente para tomar muestras con el fin de realizar una prueba toxicológica con la que determinar si Castillo estaba bajo los efectos de alguna sustancia cuando pronunció el discurso por el que disolvió el Parlamento y estableció el estado de excepción.
Bermejo había dejado entrever que Castillo no se encontraba en sus facultades al momento de efectuar el discurso que derivó en su detención y que eso podría haber sido “inducido” por algún tercero a través de tóxicos. Por eso había pedido un análisis.
Asimismo, el presidente del Instituto Peruano de Medicina Legal, Francisco Brizuela, aseveró que los técnicos enviados para extraer muestras de sangre y de orina a Castillo estaban «plenamente identificados», y que el exmandatario se negó «rotundamente». “Los que hacen la prueba son químicos forenses: el doctor Javier Churango Valdez, jefe de la Unidad de Toxicología; el químico forense Henry Montellanos Cabrera; y Gabriel Ernesto Ramos Borja», detalló.
Finalmente, y en la misma carta, Castillo acusó a Boluarte de formar parte de “un plan maquiavélico” para desplazarlo, en colaboración con la Fiscal General, Patricia Benavidez, que fue quien presentó ante el Congreso la denuncia constituciponal que desembocó en la destitución.
