El 4 de septiembre pasado, los chilenos le dijeron contundentemente que “no” a la reforma constitucional propuesta por la Convención Constituyente de Chile, con un 61% de rechazo. El presidente Gabriel Boric, que tuvo allí su primer gran fracaso político a poco de haber asumido, reconoció la derrota y prometió trabajar en un nuevo texto que reflejara mejor las expectativas de cambio de sus ciudadanos.
El Congreso, en el que Boric no tiene mayoría, decidió avalar la idea y comenzar un proceso que, de manera oficial, acaba de ser acordado, a tres meses de aquel traspié.
Este nuevo proceso estaría encabezado por un Consejo Constitucional de 50 miembros elegidos por voto popular, cuyo único objetivo será debatir y aprobar un nuevo texto para la Constitución; y una Comisión Experta designada por el Congreso.
Como se entiende, el resultado de esa elección popular (planteada para el 23 de abril) será clave para validar el documento, ya que se acordó que la Comisión Experta elabore a partir de enero de 2023 un anteproyecto, y luego será el Consejo Constitucional (que funcionaría desde el 21 de mayo) el que apruebe el 21 de octubre y el texto final, que una vez más será sometido a plebiscito obligatorio el 26 de noviembre o el 1° de diciembre.
La actual Constitución de Chile data de 1980, cuando todavía gobernaba el dictador Auguto Pinochet. Los estallidos sociales de 2019 derivaron en el llamado a una constituyente por parte de Sebastian Piñera, ante las presiones para que se planteara un nuevo modelo de Estado o renunciara.
La izquierda se impuso en esos comicios y se favoreció el contexto para que Gabriel Boric llegara a la presidencia. Pero el texto final presentado a la sociedad marcaba cambios extremos para una sociedad acostumbrada a un socialismo sumamente moderado y sumergida en una crisis económica tras la pandemia. Por eso, el proyecto fue ampliamente rechazado y el segundo intento será ahora liderado por el Congreso, para garantizar una mayor representatividad, cumpliendo además con los requisitos técnicos indispensables para una Carta Magna que trascienda las coyunturas.
