Luego de aquel recordado discurso en el que buscó deslegitimar las protestas, justificó la represión que ya dejó 55 muertos y se preguntó “de qué trabajan” quienes acudían a las marchas, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tuvo que dar marcha atrás con su estrategia ante el crecimiento de los reclamos y la pérdida de apoyo internacional.
Aunque ratificó que no va a renunciar, la mandataria pidió este martes “una tregua nacional” y pidió conformar “una mesa de diálogo” para alcanzar algún tipo de acuerdo que deje de impactar en la economía.
Y es que, de acuerdo a lo informado, se perdieron unos US$ 1.282 millones en términos de producción (Boluarte indicó que las pérdidas fueron de 3.000 millones de soles en infraestructura y 2.000 millones de soles en pérdidas de la producción). Esto se debe a que las protestas cortan rutas, bloquearon aeropuertos y quemaron numerosos edificios públicos, además de haber afectado el llamado «corredor minero en los Andes»: la china MMG Ltd, la canadiense Hudbay y la global Glencore, la cual tuvo que cerrar el viernes temporalmente. Vale señalar que Perú es el segundo mayor productor de cobre del mundo.
Las palabras de Boluarte, lejos de calmar los ánimos, los exacerbó. Miles de personas volvieron a las calles y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad, especialmente en el sur del país, epicentro de las movilizaciones y los más trágicos incidentes. No solo piden su renuncia, sino también la liberación de Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde su destitución; el cierre del Congreso con elecciones inmediatas (están previstas para abril de 2024); y una reforma constitucional.
Hasta ahora, los discursos de Dina Boluarte cargaban contra los manifestantes; ahora, se centra en los grupos «extremistas» que «buscan generar caos» y en Pedro Castillo, al que acusa de instigar una rebelión (REUTERS/Angela Ponce)
Esta vez, Boluarte revisó el enfoque de sus señalamientos y ya no cargó directamente contra los manifestantes. Admitió que el enojo era legítimo aunque sostuvo que las demandas sociales son de larga data, y sí culpó a “grupos radicales” y “bandas criminales” que estarían aprovechando la situación para crear caos.
«Llamo a una tregua nacional para entablar una mesa de diálogo y fijar una agenda común por cada región y desarrollar nuestros pueblo», expresó en una rueda de prensa con medios del exterior.
Sin embargo, luego afirmó que no tiene interlocutores directos para ello. Dijo que representantes suyos viajaron al sur pero que algunos “no fueron recibidos” porque “grupos violentos los tienen amenazados”. «Estamos buscando a los gobernadores para conversar con nosotros, pero a los del sur los tienen chantajeados», agregó.
Boluarte insistió con que se trata del accionar de grupos radicalizados. “La agenda está basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Por eso, geográficamente se han ubicado estas protestas en Puno y en Apurímac«, sostuvo, haciendo referencia la producción de hoja de coca y de cocaína en estas áreas.
Además, eligió cargar contra Castillo, a quien responsabiliza por la creación de “grupos paramilitares” y potenciar la polarización. «En ese año y cinco meses de gobierno, ¿acaso se ha preparado toda esta fuerza paramilitar, y esta fuerza está generando el caos, la violencia en el país?», se preguntó, y agregó: «¿Le convenía más a él salir dando un autogolpe de Estado para victimizarse y mover todo este aparato paramilitar?».
Pero poco a poco se van agotando los apoyos para la mandataria. En una primera instancia, los líderes de la región manifestaron su preocupación por la situación en general y criticaron la detención de Castillo. Pero ahora directamente han empezado a señalarla como responsable de una sangrienta represión.
En el marco de la Cumbre de la Celac en Buenos Aires, el presidente de Chile, Gabriel Boric, la criticó duramente y con nombre y apellido. “No podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el Gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas”, sostuvo.
En ese sentido, afirmó que es “inaceptable” el ingreso de la policía la semana pasada a la Universidad Mayor de San Marcos, que culminó con la detención de 200 estudiantes y revivió «las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur», según opinó.
Finalmente, advirtió que “la democracia está en riesgo” en Perú y concluyó: “Hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en Celac esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos».
