Los abogados de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, le pidieron hoy al fiscal federal Carlos Rívolo que ordene medidas de prueba para investigar la eventual responsabilidad de la Policía de la Ciudad en el intento de magnicidio del pasado 1 de setiembre.
“Venimos a instar a que, luego de cinco meses de investigación, se dispongan medidas probatorias respecto de la posible responsabilidad penal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, encabeza el escrito, firmado por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal.
“Llamativamente, hasta el momento, se ha investigado a la Policía Federal y a la custodia de Cristina Fernández de Kirchner, pero no a la fuerza con más presencia en el lugar donde se planeó y ejecutó el atentado”, impulsa el documento.
El escrito apunta especialmente contra el ministro de Justicia y Seguridad porteño (en uso de licencia) Marcelo D’Alessandro. El petitorio está dirigido al fiscal Rívolo pues es él quien tiene delegada la investigación por decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti.
Entre las medidas de prueba propuestas, el escrito considera que “debería oficiarse al Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA para que remita los legajos de todos los efectivos dispuestos en los operativos de seguridad desplegados en torno a Cristina Fernández de Kirchner y su domicilio, tanto personal, como respecto del Honorable Senado de la Nación y el Instituto Patria, entre los días 20 de julio y 1 de noviembre de 2022”.
“Además, debe citarse a prestar declaración testimonial a todos los comisarios dispuestos en el lugar de los hechos. Y requerirse el entrecruzamiento de llamadas de todos los abonados telefónicos de los efectivos dispuestos por la Ciudad de Buenos Aires en el lapso indicado”, agrega la propuesta de los querellantes.
Sobre el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, los abogados pidieron “que identifique a todas las personas que realizaron filmaciones y tomaron fotografías sobre el domicilio de la vicepresidenta, envíe sus legajos y explique a qué se debían esas tareas y si se realizaron con orden judicial”.
“Lo sucedido el pasado 1 de septiembre fue la consecuencia de una serie de violencias previas que habilitaron y convalidaron el escenario que dio lugar a una tentativa de magnicidio a una mujer en su cargo de vicepresidenta”, subraya el documento.
