El Gobierno analiza derogar la Ley de Alquileres que generó una fuerte polémica desde que se sancionó en julio de 2020. Se establecieron determinados cambios en los contratos a fin de favorecer a los inquilinos, pero terminó pasando todo lo contrario.
La organización Inquilinos Agrupados ya se manifestó en contra de que sea el Ejecutivo quien tome esta decisión.
A fin de conocer la postura de otras agrupaciones, Diego Schurman conversó esta tarde con Glenda Gómez, presidenta de la Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo Digno, en La 990 y lo primero que marcó fue: «¿Quién considera que el problema que tenemos los argentinos es la Ley de Alquileres?», «el problema que tenemos los argentinos es la inflación», aseguró.
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En ese punto, dejó en claro que «contra la inflación, ninguna ley puede ir» y aseveró que «lo único que nos salvaría a los inquilinos es que nada nos ate a la inflación». «Pero, eso es algo imposible y todos lo sabemos», subrayó y agregó que «en Argentina, estamos obligados a alquilar porque no hay políticas habitacionales».
Sobre posibles modificaciones a la normativa vigente, precisó que los cambios deben estar orientados «a garantizar los derechos de los ciudadanos». En ese punto, advirtió que «muchísima gente va a quedar en la calle, familias completas de trabajadores van a quedar en la calle, con juicios de desalojo».
Además, marcó que «no tenemos patrocinio gratuito» y sostuvo que «el inquilino está fundido, quebrado». Como segunda cuestión, insistió en «la falta de políticas habitacionales» y añadió la ausencia de «resguardo por parte del Estado para todas estas familias que hoy no encuentran una solución habitacional».
Por lo tanto, sin quedarse callado, aseguró: «El único resguardo que el Estado le da a los argentinos es la calle».
Al ser consultada acerca de las razones por las que rechazan la ley actual, la entrevistada detalló: «Nosotros tenemos un contrato por tres años y eso perjudica a las inmobiliarias porque no tienen la comisión durante un año más: la comisión se saca de lo que paga el inquilino cada vez que tiene que renovar un contrato» y sin guardarse nada sostuvo: «No sé en qué más perjudica a las inmobiliarias, no se qué más le quieren sacar al trabajador».
Frente a ese panorama, marcó que «la población que alquila necesita que haya un tope o una regulación del precio inicial del alquiler» y puntualizó: «Hoy se te termina el contrato, estabas pagando 70.000. 80.000 pesos y te lo quieren renovar por $120.000».
En consecuencia, sentenció: «Acá no pierde la inmobiliaria, no pierde el propietario, acá el que termina perdiendo siempre es el trabajador, que deriva el 80% de su sueldo al aquiler».
Además, sumó que «se tiene que tomar como índice el salario mínimo, vital y móvil y la jubilación» y aseveró: «Ahí si vamos a estar hablando a la par».
