Una investigación internacional desnudó una amplia y compleja red de bases de inteligencia policial de China en al menos 50 países, entre los que se encontraría la Argentina.
En septiembre de 2022, la ONG Safeguard Defenders, un grupo de defensores de los derechos, con sede en España, había documentado la existencia de una docena de “centros de servicio policial en el extranjero”, todas ellas establecidas de manera ilegal, violando las jurisdicciones locales. Y ahora publicó una lista todavía más extensa.
Donde más repercutió la noticia fue en los EEUU, que se encuentra inmerso en un conflicto geopolítico, con un epicentro de la tensión en Taiwán y el Pacífico Sur, pero también con fuertes acusaciones cruzadas de espionaje, que se potenciaron con la detección de un globo espía en territorio estadounidense.
¿A qué se dedica esa supuesta red parapolicial internacional? Según la organización, utiliza la “persuasión” para obligar a sospechosos a regresar a China y presionar a presuntos disidentes con el Gobierno de su país. Safeguard Defenders, que exploró fuentes públicas y rastreó estos centros de la oficina de seguridad pública o “PSB” de Fuzhou, en la provincia de Fujian; Wenzhou y Qingtian, en la provincia de Zhejiang; y Nantong, en la provincia de Jiangsu.
Pekín ha negado de manera contundente estar realizando operaciones policiales en el extranjero, al menos sin consentimiento de los respectivos gobiernos.
Newsweek realizó una investigación y accedió al listado completo de los 50 países que albergarían una de estas cientos de bases de la “policía secreta” china.
De acuerdo al informe, Argentina tendría dos de estas bases chinas: una de Wenzhou PSB y otra de Fuzhou PSB, ambas instaladas en Buenos Aires.
Tras la divulgación, Newsweek Argentina consultó a la Cancillería Argentina para saber si estaba al tanto de esta situación o si, en todo caso, el Gobierno nacional había habilitado por algún tipo de instalación mediante a algún acuerdo bilateral.
La respuesta de fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Santiago Cafiero, fue taxativa: “Nada que ver”. “No hay ninguna base instalada y, además, no se permite por jurisdicción local”.
Aunque no lo explicitaron, se entiende que por el momento tampoco habría una investigación, tal como está ocurriendo en al menos una docena de las naciones indicadas en la lista.