La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó este miércoles un informe en el que confirmó irregularidades en el millonario acuerdo que el ex presidente Mauricio Macri firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Entre los puntos destacados del documento, el organismo destacó que se hallaron varias irregularidades en la firma del préstamo con el entre multilateral por 57.100 millones de dólares.
Por un lado, remarcaron que el monto acordado representó 127 veces la capacidad de endeudamiento del país; y que el 71% se utilizó para cancelas servicios de deuda emitidos durante el gobierno de Macri.
“El acuerdo suscripto, de casi 57 mil millones de dólares, resultó ser el más importante de la historia de la Argentina y también de la historia del Fondo”, expresó el auditor general Jesús Fernández.
Según un comunicado de la AGN, reproducido por Télam, la magnitud y las características de este préstamo tuvieron un impacto “de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos”.
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Además, detallaron que hubo “relevantes incumplimientos normativos”, como la “falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del Banco Central sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo”.
Sobre el último punto, apuntaron contra el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien “no tenía facultades respecto de deuda pública” para participar de la firma del contrato con el FMI. A su vez, informaron que “tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos”.
Por otro lado, aseguraron que “casi el treinta por ciento de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros”, una situación que “debería haber sido evitada conforme al Convenio Constitutivo del FMI”.
“Los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento, y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento”, señalaron desde la AGN.
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