Hasta el próximo 16 de agosto, rige en el país una nueva etapa de la cuarentena en que no estarán permitidas las reuniones sociales en ningún punto del país. Se trata de una vuelta atrás para muchas provincias como San Luis y Mendoza y algunos municipios bonaerense donde estaba habilitados los encuentros familiares o grupales de hasta diez personas. El argumento médico que respalda esta medida es la detección del crecimiento de contagios provocada por el contacto a través de encuentros sociales y afectivos entre las personas.
A través de un DNU publicado hoy en el Boletín oficial, se prohíbe la realización de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a diez personas y se establece que los mismos deberán llevarse a cabo, preferentemente, en lugares abiertos, o respetando el distanciamiento social en espacios ventilados. También están prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados, cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta regla está penada por la ley.
Durante el reporte diario del domingo, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti había anunciado: “En esta nueva normativa y por estos quince días hasta el 16 de agosto, se van a suspender y restringir las reuniones sociales en todo el territorio nacional para que allí donde hay brotes se puedan controlar y donde no hay y sí hay circulación por las diferentes actividades autorizadas, podamos minimizar la posibilidad de tener un brote en relación a la responsabilidad individual”.
En este contexto las fuerzas policiales se convierten en un aliado clave para hacer cumplir la nueva norma dictada por el Gobierno nacional. Con más controles y patrullas “antifiestas” se buscará disuadir las reuniones sociales. Además están previstas penas de hasta dos años de prisión para quienes incumplan el decreto presidencial.
