Javier Milei, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, se dirigió en forma directa al actual mandatario, Alberto Fernández mediante una carta en la que le formuló distintas exigencias de cara a las elecciones del 22 de octubre.
El diputado le pidió en concreto que «que se abstenga de desplegar cualquier conducta material; o bien dictar o ejecutar cualquier acto administrativo que pueda condicionar y/o dificultar la gestión de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que asumirán la conducción del país a partir del 10 de diciembre de 2023″.
Milei adelantó quién será el presidente del Banco Central si es electo y advirtió: «Lo va a cerrar»
Luego hizo referencia a la campaña presidencial de Sergio Massa, el elegido por Unión por la Patria y remarcó: «Le corresponde a usted asumir su cargo y permitirle a la sociedad argentina tener elecciones limpias y justas, sin que los recursos públicos actuales y futuros continúen siendo utilizados para la campaña electoral de su Ministro de Economía.
«Si, como es de esperar, continuara con su silencio y su inacción, será cómplice de una conducta que afecta al sistema democrático y pasible de las responsabilidades que ese proceder conlleve», advirtió en un texto al jefe de Estado dada a conocer por Infobae.
Artistas e intelectuales judios contra Milei: «No nos representa»
«Denuncio la grave e ilegítima actuación en la que ha incurrido el Estado Nacional y solicito al Sr. Presidente de la República Argentina, en los términos de los artículos 14 de la Constitución Nacional y XXIV del de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), la inmediata revocación (o en su caso, el inicio de las correspondientes acciones de lesividad) de los siguientes actos administrativos por ser, conforme será demostrado a lo largo del presente escrito, manifiestamente nulos de nulidad absoluta e insanable», precisó en relación a «todo acto que tenga por objeto o efecto comprometer los recursos del Estado Nacional más allá de la fecha en que finaliza su mandato y que adolezcan de los graves vicio».
En consecuencia, indicó que «hasta tanto se efectivice la revocación requerida, requiero al Poder Administrador que, de conformidad con lo establecido por el artículo 12 del Decreto Ley 19.549 (“DLNPA”)- y 13, inciso 2 de la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado 26.854, disponga la inmediata suspensión de los actos aludidos; y ordene o requiera, según corresponda a las respectivas dependencias administrativas a que procedan de igual modo» al tiempo que aclaró que se encontraban excentos «aquellos actos que se refieran a recursos indispensables de los que dependa la normal marcha de la administración y la prestación de los servicios esenciales a cargo del Estado».
La feroz crítica de Kicillof a Milei: «Más casta no se consigue, choreo, curro»
Y dejó en claro: «Formulo expresa reserva de acudir a la Justicia a fin de instar las acciones penales y civiles a los que su negativa u omisión diera lugar».
Sobre la gestión de Alberto Fernández sostuvo que «tras cuatro años de absoluta inactividad (ausencia de políticas públicas serias en materia económica, manifiesto apartamiento de los marcos regulatorios aplicables a los servicios públicos, restricciones inadmisibles al comercio exterior, regulaciones sobre el mercado de divisas, falta de políticas en materia de infraestructura y energía, y de un crecimiento inusitado del Sector Público Nacional); el Poder Ejecutivo Nacional (encabezado, en los hechos, por el actual Ministro de Economía y candidato a Presidente de la Nación) pretende comprar la voluntad del electorado mediante medidas de carácter populista, carentes de planificación o análisis económico alguno y con un costo fiscal elevado que deberá ser atendido por las próximas autoridades de gobierno».
Massa intenta despegarse de Alberto Fernández: «Lo que viene es mejor que lo que termina»
Acto seguido, afirmó que «frente a la proximidad de las elecciones generales, todo desvío de poder, por el cual el partido gobernante se sirva de los recursos estatales para beneficio propio, no solo constituye un hecho evidente y notorio de corrupción, sino también un atentado contra el sistema democrático (art. 36 CN), base esencial del respeto a los derechos humanos (art. 3, Carta Democrática de la OEA)».
En consecuencia aseguró que se «manifiesta y evidente, la actuación ilegítima del Estado Nacional, a través de medidas irrazonables, violatorias al ordenamiento jurídico, de finalidad partidaria y electoral y perjudiciales para el erario con graves consecuencias para los ejercicios futuros: (i) empleo y cargos público; (ii) contrataciones públicas; (iii) régimen tarifario de los servicios públicos; y (iv) comercio exterior».
Alberto Fernández: «Los que hablan de libertad son negacionistas de la dictadura»
Ante ese panorama, aseveró que «no existe ningún argumento lógico valedero que, de buena fe, permita justificar la razonabilidad y proporcionalidad de la decisión de incorporar centenares de empleados públicos a perpetuidad que gozarán de salarios privilegiados en comparación con la calamitosa situación que atraviesa la mayoría de los trabajadores argentinos, máxime cuando dichos puestos no tendrán productividad alguna».
«Tampoco es, en absoluto, razonable plagar los puestos de trabajo del Sector Público de militantes que no harán más que intentar poner palos en la rueda a las gestiones cotidianas de quien conducirá el Estado Nacional más allá del 10 de diciembre próximo», recalcó y agregó que «además, el modo repentino e intempestivo en que el Ejecutivo ha iniciado estos procedimientos administrativos para cubrir empleos públicos permanentes sobre el final de su mandato genera sospechas serias respecto del cumplimiento de los principios de ética y transparencia que debe primar en todo expediente administrativo y, más aún, en aquellos en los que se tramitan procesos de selección de personas que se incorporarán a la planta permanente del Estado».
El mensaje de Ritondo a los votantes de Milei: «Que vuelvan antes de arrepentirse»
