El presidente Javier Milei decretó la emergencia energética y dispuso la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), como también una revisión en las tarifas.
La medida fue aprobara a través del Decreto 55/2023 publicado este lunes en el Boletín Oficial, que lleva la firma del mandatario y su gabinete.
“Declárase la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”, dice la normativa, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.
Además, determinó que habrá una “revisión tarifaria” en los servicios de transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural. Este nuevo cuadro tarifario deberá ponerse en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2024.
En ese sentido, el decreto menciona que esto tiene como fin “establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías”
Por otro lado, Milei instruyó a la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, para que intervenga el ENRE y ENARGAS “a partir del 1° de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del Directorio”.
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El secretario también deberá designar a los interventores, quienes tendrán como facultad arribar “adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos” hasta que culmine el proceso de revisión tarifaria.
También se les solicitó “evaluar e informar sobre la gestión de Compras y contrataciones ENRE y de ENARGAS”, y revisar la ejecución del Presupuesto desde el 10 de diciembre de 2019 hasta la fecha.
“En caso de detectarse alguna anomalía, los Interventores deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose la totalidad de la información de base o documentos de trabajo respectivos y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar”, enfatizaron.
Entre los fundamentos, el gobierno remarcó que hay una “ausencia de un esquema tarifario que brinde señales para un consumo eficiente y racional de energía para los distintos segmentos y tipos de usuario”.
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Además, señalaron que “los servicios públicos de transporte y distribución de Gas y Energía Eléctrica bajo jurisdicción federal exhibe una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación”.
En lo que respecta a la electricidad, hicieron referencia a un informe del ENRE sobre las interrupciones del servicio en Edesur y Edenor, los cuales tuvieron un aumento del 173,22% y un 55,23% respectivamente.
“Los sistemas de remuneración establecidos a los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a partir de 2003 en general, y desde 2013 en particular, no han dado señales económicas suficientes para incentivar las inversiones necesarias acordes al crecimiento de la demanda de dicho servicio”, resaltaron.
“Como consecuencia de las deficiencias estructurales en las redes de alta y media tensión que no han evolucionado al ritmo del crecimiento de las demandas máximas, se verifican efectos operativos negativos para el sistema energético que en algunas regiones del país alcanzan la calificación de críticos para determinados aspectos técnicos”, sumaron.
Con respecto al servicio de gas, explicaron que el Gasoducto Norte tiene como uso la importación de gas natural desde Bolivia, la cual “ha ido disminuyendo drásticamente año tras año” y podría llegar a cero en los próximos meses.
“Las circunstancias señaladas en el considerando precedente colocan en condiciones de alto riesgo de desabastecimiento de gas natural y energía eléctrica a los usuarios del centro y norte del país, habida cuenta de que las principales centrales termoeléctricas e industrias radicadas en dicha región dependen del gas importado desde Bolivia para poder generar energía y no tienen como alternativa la posibilidad de utilizar combustibles líquidos”, agregaron.
