El gobierno apeló el fallo que determinó que seis artículos del DNU vinculados a la desregulación de la economía eran inválidos.
El fallo es respecto del ámparo que presentó la CGT sobre el capítulo que modifica los derechos de los trabajadores. El oficialismo considera que la decisión tomada por la jueza, Liliana Rodríguez Fernández, debe quedar sin efecto.
Milei defendió sus medidas: «No hay plan B para hacer las cosas bien»
Para la gestión de Milei consiste en una «decisión política no judiciable» por lo que «resulta necesario exponer cuales son los riesgos de encontrarnos con un Poder Judicial que desatienda las necesidades impostergables que hoy tiene la República Argentina».
En esa línea hizo hincapié en que «la indiferencia al entendimiento de la situación y la anteposición de intereses particulares por sobre los de la Nación, pone en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo en procura del bien común».
Por lo tanto, aseguró que «el legal y legítimo ejercicio del derecho a huelga ha quedado desnaturalizado por completo» y en consecuencia, afirmó que «el derecho constitucional a huelga ha quedado en las últimas décadas convertido en una instancia de violencia, de irrespetuosidad al derecho de otros; diríamos que quedó enmarcado en el ejercicio abusivo del derecho».
«El ejercicio de ese derecho constitucional y supraconstitucional no puede ser llevado a cabo en forma violenta ni tampoco abusiva, es decir, con medidas adicionales que avasallen los derechos de otros sujetos de un modo innecesario para el despliegue de la huelga. Que en definitiva es lo que viene a reglar el DNU», cerró.
