El Gobierno apeló ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara del Trabajo que declaró inconstitucional el capítulo en material laboral del DNU.
En el escrito, el oficialismo indicó: «No surge de la sentencia recurrida, ni de las constancias de la causa, argumento alguno sustentado en prueba, que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora».
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Por lo tanto, aseguró que no perjudica a «los trabajadores que la actora dice representar» y plantea «por qué considera que una norma que beneficia a la mayor parte de la población nacional afecta los derechos» de la CGT (Confederación General del Trabajo)».
En esa línea afirmó que «si fuera voluntad del Congreso de la Nación dejar sin efecto o modificar lo establecido en el Decreto 70/23 lo podrían hacer sin ningún impedimento porque, actualmente, el trámite del DNU se encuentra en su ámbito para su tratamiento».
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Además argumentó que «la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, lo cual es de valoración estrictamente política».
En ese sentido remarcó: «El Presidente fue elegido por la mayoría del pueblo argentino para ejercer como Jefe Supremo de la Nación y Jefe del Estado. (…) Coartar sus atribuciones, tratando de imponerle un modelo de gestión no es solo ir en contra de la voluntad popular sino que, también, va en contra de la validez del texto constitucional y los principios que surgen del mismo».
