Por Rubén Ramos (*)
El trabajo de las abogadas y abogados cumple un rol central en nuestra sociedad. Constituye la herramienta fundamental para la defensa, satisfacción y operatividad de los derechos de las personas, en tanto puente de acceso a la justicia y acompañamiento para cada ciudadano en los procesos judiciales.
Desde el punto de vista institucional, la abogacía, tiene un papel fundamental a través del control de los Poderes del Estado, defendiendo el estado de derecho, la democracia y la Constitución Nacional.
Por ello, es prioritario asumir el compromiso de hacer escuchar la voz de la abogacía, ya que el deterioro de las condiciones de trabajo tiene como consecuencia directa la degradación del acceso a la justicia.
El avance de la tecnología y el uso de nuevos formatos digitales marcan un escenario de cambios no exento de incertidumbre sobre lo que sucederá en las relaciones laborales en general y en la abogacía en particular.
El ejercicio de la profesión se encuentra inmerso en un proceso de redefinición constante de los procedimientos y modalidades de trabajo. La práctica profesional cambió por completo después de la pandemia. La digitalización llegó para quedarse. El expediente digital, las audiencias por zoom, los trámites vía web, son una realidad, lo que produjo la baja o casi nula presencialidad de abogadas y abogados en los Tribunales y en el Colegio Público.
En este marco la justicia se tiene que modernizar de manera permanente, estando a la altura de lo que la época requiere, para hacerle la vida más fácil no solamente a los trabajadores del derecho, sino también a las personas.
Sin embargo, encontramos muchos obstáculos administrativos que complican la labor profesional. Pero, sobre todo, se producen continuas injusticias y arbitrariedades desde los magistrados y los organismos estatales, que obstruyen el desarrollo de nuestro trabajo y deterioran nuestros honorarios.
Hoy tenemos una justicia que no da respuesta en tiempo y forma. Hay muchísimos juzgados vacantes, lo que provoca que jueces subroguen dos juzgados a la vez y todo se torne muy lento, llegando en algunos juzgados casi a la parálisis.
Por otro lado, cada vez más, los jueces incumplen con la aplicación de la ley de honorarios de los abogados y las abogadas, fijando los mismos siempre a la baja y no respetando los mínimos legales exigidos. Asimismo, las tasas de interés de actualización de los juicios y honorarios son ridículas; el paso del tiempo licua nuestros honorarios y las sentencias, generando un perjuicio irreparable para las y los profesionales y para los ciudadanos.
En resumen, la gran mayoría de los profesionales coincidimos en que las principales preocupaciones de la abogacía son las arbitrariedades por parte de los magistrados, la regulación a la baja de los honorarios, la demora en su cobro y la necesidad permanente de modernización de la justicia para que sea más ágil y en esencia justa.
Con el objetivo puesto en resaltar el rol social de la abogacía, debemos trabajar en modificar esta realidad, para jerarquizar nuestra profesión y garantizar un servicio de justicia adecuado a la comunidad.
(*) Secretario general de la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado y candidato a presidente del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal
