En el marco de la marcha por el 24 de marzo, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, volvió a pedir por una ley que castigue el negacionismo de los delitos ocurridos en la última dictadura.
La activista de derechos humanos cuestionó al presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quienes apuntó por sus “constantes provocaciones” que van “en sentido contrario, violan todos los pactos internacionales que tienen rango constitucional”.
VIDEO | Con un polémico spot, el Gobierno recordó el 24 de marzo con un pedido de «memoria completa»
“Frente a este gobierno, que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica al terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo, que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas”, enfatizó en el acto realizado en Plaza de Mayo.
Además, reafirmó la lucha por las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y reclamó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que “debe continuar siendo querellante en los juicios de lesa humanidad”.
“Los juicios también han sido fundamentales para generar conciencia. Incluso en las propias fuerzas armadas, de las consecuencias negativas y graves que tiene mezclar a los familiares en cuestiones internas. Reafirmamos que la fuerzas armadas en conflictos internos es contraria a su rol y pone en riesgo los derechos humanos de todos”, dijo Carlotto.
Primer 24 de marzo de la Era Milei: marchas y homenajes en medio de un clima de tensión
Sin embargo, la activista mostró preocupación “por los beneficios otorgados a condenados y detenidos con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad”, ya que “del total de los represores investigados la gran mayoría ya falleció o bien atraviesan los procesos de libertad; los detenidos son menos de 700 y más de 75 por están en arresto domiciliario”.
“Luego de 20 años de la nulidad de las leyes de impunidad seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los culpables; cárcel común y efectiva. Se trata de crímenes atroces: desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, violaciones, robo de bebés, vuelos de la muerte. Son delitos que no prescriben y sus condenas deben ser de cumplimiento efectivo”, resaltó.
Por otro lado, señaló que “los principales actores civiles del terrorismo de Estado continúan en su mayoría impunes”, entre los que mencionó al sector empresarial, y exigió que haya “juicio y castigo ya”.
