El 4 de abril próximo, las comisiones de Previsión y Seguridad Social y la de Presupuesto y Hacienda de Diputados comenzarán a tratar una formula jubilatoria alternativa a la anunciada por el Gobierno nacional, viabilizada a través de un decreto. Y lo hará en conjunto con el radicalismo y Hacemos, el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Al mismo tiempo debatirá el renovado proyecto de Ley Ómnibus, y luego evaluará la aprobación o el rechazo al Mega-DNU, mientras se trazan las primeras pinceladas del Pacto de Mayo convocado por Javier Milei.
En efecto, la oposición quiere marcarle la cancha al Ejecutivo en la Cámara Baja, tal vez ilusionada por el reciente rechazo al DNU en el Senado, y frenar un ajuste que consideran “brutal”. O al menos votar leyes que ofrezcan una paliativo a los sectores más afectados por los recortes. El objetivo, sostienen, es ocuparse de la “economía real”, algo que hasta el FMI y Domingo Cavallo le recomiendan al mandatario.
Newsweek Argentina conversó en este marco con la diputada nacional Cecilia Moreau, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, expresidenta de ese cuerpo y una de las mayores referentes de Unión por la Patria en el Congreso, para analizar este complejo escenario y conocer cuál es la postura del peronismo en su rol de oposición.
Criticó fuertemente el programa económico de Milei y refutó a quienes sostienen que el Gobierno cuenta con consenso social para llevar a cabo este programa de recortes sin precedentes. “La gente no votó esto. La gente votó un cambio, votó un presidente para que gobierne, pero no para que vaya a fondo contra quienes más lo necesitan, tal como lo está haciendo”, aseveró, y advirtió que el Congreso puede jugar un papel determinante para mitigar el impacto social del ajuste.
¿Cómo analiza la estrategia del Gobierno de tratar al mismo tiempo la nueva Ley Ómnibus, el Mega-DNU y el Pacto de Mayo?
– Lo que creo es que hay que llamar a las cosas por su nombre: “pactar” es tomar decisiones de común acuerdo entre dos o más personas, con todas las partes sentadas dialogando para construir un fin determinado. Me parece que acá eso no está ocurriendo, ¿no? Lo que hubo fue una extorsión diciéndoles a muchas provincias “si votan lo que yo digo, lo que yo quiero y como y quiero, podemos empezar a discutir los giros a las provincias”. Los diez puntos del supuesto pacto social o Pacto de Mayo los escribió Caputo o Posse, los estrategas del Gobierno en base a sus propias ideas y concepciones. Y no están sujetos a una negociación. Si realmente queremos construir un pacto para el crecimiento de la Argentina, lo que debe hacer el presidente es escuchar a todos, empezando con el papel en blanco, más allá de que él defienda sus ideas.
¿Qué opinión le merece la renovada Ley Ómnibus que impulsa el Ejecutivo?
– Lo cierto es que no tenemos en claro si va a ser ómnibus, fitito o mini-van… Porque hay distintos borradores, y no se sabe si realmente va a contener Bienes Personales o no; si va a estar Ganancias o no; blanqueo o no. Hay mucha duda y, además, el Congreso está trabajando y funcionando. Si se está construyendo algo en ese sentido, deberíamos estar discutiéndolo en ese ámbito.
Un atropello al Congreso, a la autonomía universitaria y a la ampliación de derechos
Ahora el DNU debe ser tratado en Diputados. ¿Cuál es su posición al respecto?
– Me parece que el Senado tuvo una reacción políticamente muy contundente sobre la cual el Gobierno nacional debería tomar nota, respetando los tres poderes del Estado. Si bien es cierto que el DNU está vigente, también lo es que las provincias marcaron un desacuerdo muy fuerte respecto a ese decreto, con un resultado muy contundente. Las provincias no tienen fondos para pagarles a los maestros, a los médicos, a los policías, que son, en definitiva, los trabajadores del Estado. El mensaje “o te subordinás a mis decisiones o te paso por encima” le hace mucho daño a la Argentina.
¿Qué pasa si el Gobierno fracasa en su intento de sostener el DNU en Diputados, tampoco avanza la Ley Ómnibus y, por lo tanto, también se cae o se debilita el Pacto de Mayo? ¿Cree que la gobernabilidad puede verse afectada?
– Bueno…, ellos mismos dicen -yo escuché a varios funcionarios decirlo- que pueden gobernar igual sin Ley Ómnibus y sin DNU. De hecho, los cierto es que hoy está el DNU vigente y no resolvió el problema del costo de vida, del precio de los alimentos y de las cuestiones diarias; las prepagas aumentan permanentemente y pusieron en crisis el sistema de salud, porque también está desfinanciada la salud pública; los tarifarios de transporte que están llegando en estos días también complican la vida de la gente de manera brutal; lo mismo con los precios de los medicamentos completamente desregulados y liberados; cayó el consumo. No hay medida que permitan ver la mejora diaria de la vida de la gente.
Hasta diciembre nosotros reconocíamos que veníamos con problemas, intentando enderezar el barco, pero después del 10 de diciembre todo se hizo invivible, imposible, a mi entender. No estábamos bien, pero no tenemos por qué acostumbrarnos a esto que nos quieren imponer, que “tenemos que sufrir”, “pasarla mal”, no poder comprar medicamentos, alimentos, los servicios, los colegios endeudarnos para pagar este tipo de cosas. Todo se volvió insoportable.
¿El Congreso tiene herramientas para poder paliar esta situación? ¿Puede generar leyes que complementen o incluso se contrapongan al plan del Gobierno?
– Sí, las tiene. Por ejemplo, la semana que viene, el 4 de abril, está convocada la Comisión de Presupuesto para discutir la fórmula previsional que fue sacada por decreto cuando el Congreso está funcionando. Inentendible. Destruye el bolsillo de los jubilados y no les da ninguna posibilidad de recomposición. Es un decreto que a partir de julio, aplicando la inflación de mayo, sube una parte, y no está claro si la base de actualización incluye o no el bono. Las actualizaciones de abril y mayo no serían aplicables a otras prestaciones, como por ejemplo la PUAM o la AUH. Hay mucha incertidumbre respecto a cómo sigue ese proceso. Los empalmes no están claros. Con este decreto pierden los jubilados: con respecto al primer trimestre de 2023, en abril quedarían 30% o 35% por debajo en términos reales. En febrero tocaría el 47%, comparado con el mismo trimestre, de modo que podrían perder un 25%. Nos parece que hay que hacer algo rápidamente para recomponer eso. También el Congreso puede restituirles rápidamente a las provincias lo del Fonid. Hay mucho para hacer.
Cristina Kirchner y Cecilia Moreau, cuando ambas presidían las cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente
De todos modos, sí hay un cierto consenso respecto a que la fórmula vigente no estaba funcionando para recomponer el ingreso de los jubilados…
– Así es, sin dudas.
¿Cuál sería entonces la fórmula más acorde?
– Bueno, lo primero es terminar con el plan de ajuste que se está haciendo básicamente sobre los jubilados, que son el sector más dañado desde el 10 de diciembre. La reducción del gasto público de enero y febrero se explica en un 30% o 35% por el hachazo sobre los haberes. Eligieron al sector más vulnerable para descargar el ajuste. Lo que tenemos que hacer es buscar una fórmula que recomponga el ingreso de los jubilados pero, además de eso, que también lo haga en esos meses de empalme. No sé si el mecanismo es con bono o sin bono, pero lo cierto es que la canasta de los jubilados es de $685.000. No tiene nada que ver con la canasta de muchas familias. Y estamos muy lejos de todo eso. Lo que tiene que ocurrir la semana que viene en las comisiones de Previsión y de Presupuesto del Congreso es que se sienten y escuchen a las distintas posiciones que hay adentro de la cámara; y a partir de eso generar una fórmula, un modelo de recomposición con el que no pierdan los jubilados.
Los funcionarios del Gobierno e incluso los dirigentes de partidos “dialoguistas”, como el PRO, afirman que existe un consenso social para realizar este ajuste.
– Yo no siento que haya ese consenso social. Cuando una habla con la gente y te expresa cómo la está pasando, nadie esperaba esto. Lo que Milei planteaba era un ajuste sobre la casta, y lo que hay es un ajuste sobre el pueblo trabajador y los sectores más vulnerables. La decisión de congelar el presupuesto de las universidades nunca estuvo en discusión y, sin embargo, hoy es una realidad. Están destruyendo uno de los pilares más importantes del desarrollo nacional, que es la educación universitaria, pública, laica. El Gobierno está girando el mismo presupuesto del año pasado en un país que cambió completamente. Eso hace que Milei y Caputo estén hoy en una situación de combate a la educación pública universitaria de excelencia que tiene el país, reconocida mundialmente. Hpy la UBA y otras universidades públicas como la Universidad de Villa María o la UNNOBA no están en condiciones de seguir sosteniendo a los millones de estudiantes que están en las aulas.
La gente no votó esto. La gente votó un cambio, votó un presidente para que gobierne, pero no para que vaya a fondo contra quienes más lo necesitan, tal como lo está haciendo. La elección de noviembre tuvo un resultado contundente y nadie lo discute. Ahora, esto no es una fotografía: las cosas van pasando. Y a mí me parece que un ajuste de estas características no tiene ningún consenso social.
Que el Gobierno de Milei pueda llevar adelante este programa ¿es en parte resultado de una falta de organización y liderazgo por parte del peronismo y otros sectores opositores?
– Yo creo que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer desde los distintos lugares en los que somos parte de la vida institucional y democrática, a través de nuestros bloques en el Congreso, del movimiento obrero organizado, de nuestros gobernadores, y a través de distintos reclamos que estamos planteando como oposición a lo que está ocurriendo. Así debe ser. Hay muchos espacios denominados “dialoguistas” que tienen miedo o prejuicios para plantear determinadas cosas para no aparecer oponiéndose. Y lo cierto es que en el sistema democrático cuando las cosas están bien hay que reconocerlas; y cuando están mal, hay que marcarlas. Eso no te hace ni mejor ni peor, te hace representa con tranquilidad a quienes te acompañaron con el voto. Es importante que el Gobierno entienda que no gobierna para un sector determinado de la sociedad.
El presidente ganó con el 56%, pero debe gobernar para el 100% de los argentinos; los que lo votaron y los que no. Nosotros representamos a quienes nos acompañaron, y desde ese lugar intentamos construir un espacio de diálogo y también de paz. Tanta violencia verbal, tanto arrebato, tanta guerra por las redes sociales no resuelven los problemas de la Argentina, no resuelve el bolsillo de los laburantes, no recompone el empleo. Por eso tenemos que llamar al Gobierno nacional a que baje los decibeles, apague un poco la confrontación y busque un poco más de diálogo político.
¿Hay un modelo alternativo de cara a 2025?
– Hay ideas alternativas, y nosotros claramente representamos eso en Unión por la Patria y muchos otros sectores. No es momento, de ninguna manera, de pensar en ninguna estrategia electoral. Es un momento muy difícil de la Argentina. El modelo alternativo está y nosotros lo representamos, tanto a nivel nacional en el Parlamento, como en cada una de las provincias que gobernamos, en nuestras ideas y en lo que queremos para la Argentina.
