En Francia, un proyecto de ley pedirá que los ciudadanos se vacunen contra el COVID-19 para poder circular libremente, lo que provocó alarma entre la oposición.
A pesar de que Francia prevé salir en abril del estado de emergencia sanitaria provocado por la pandemia, el proyecto de ley presentado ante el Consejo de ministros tiene por objetivo “establecer un marco jurídico sostenible frente a las crisis sanitarias”, según el gobierno.
En particular, brinda al primer ministro la potestad de decretar varias prohibiciones, de circulación, cierre de establecimientos e incluso concentraciones en la vía pública.
Estas restricciones pueden estar subordinadas a “presentar los resultados de un test de detección negativo o al seguimiento de un tratamiento preventivo, incluida la administración de una vacuna”.
La oposición ve detrás de esto una vacunación obligatoria disfrazada. “De una manera solapada, este texto no prevé hacer la vacunación obligatoria, sino impedir toda la vida social a las personas que no lo estén”, señaló la presidenta de RN (extrema derecha), Marine Le Pen, denunciando una “medida de naturaleza totalitaria”.
“Aunque el ejecutivo había indicado que la vacunación no sería obligatoria, presenta un proyecto de ley que condiciona nuestros movimientos a ésta, introduciendo una forma de desigualdad entre los ciudadanos”, afirmó por su parte el diputado Julien Aubert (derecha).
El asunto es delicado: de acuerdo a una encuesta reciente, el 59 por ciento de los franceses no tiene intención de vacunarse contra covid-19, lo que convierte a Francia en uno de los países europeos con mayor resistencia a la vacuna.
A finales de noviembre, el presidente Emmanuel Macron anunció que la vacunación, que comenzará el próximo domingo para los ancianos, no sería obligatoria.
Un mensaje reiterado nuevamente este martes por el ministro de Salud, Olivier Véran. “Repito, la vacunación (contra COVID-19) no es obligatoria”, insistió.
Añadiendo que el proyecto será discutido con todos los sectores y tiene que “madurar”. La oposición se pregunta si podrá haber una discusión en tanto “se restringen las libertades públicas”.
