Por Alexis Chaves (*)
El ahorro de energía es necesario en la lucha contra el cambio climático y la reducción de la dependencia de esta matriz. Hoy, el desafío es enfrentar la estacionalidad, los aumentos y la escasez energética.
En un mundo globalizado y en permanente alerta ante conflictos bélicos, la guerra actual entre Ucrania y Rusia, la situación en Medio Oriente, sumado a que semejante situación motivó el aumento de la volatilidad en el propio mercado energético, puso sobre la mesa (después de más de 20 años) la gran subordinación de las importaciones de combustibles fósiles y las crecientes demandas locales y regionales.
Los legisladores europeos apuntaron a crear un mercado energético más resistente y sostenible, sumado a que en lo que va de este año parlamentario, se aprobó un proyecto de ley que introduce modificaciones en las normas del sector eléctrico.
Es por ello que se pensó como eje central, en fomentar contratos a largo plazo con la generación de energías no fósiles, e introducir recursos elásticos que sean cada vez menos contaminantes, pretendiendo alcanzar en un mediano plazo, nuevos objetivos de eficiencia energética.
Ahora bien, los considerandos señalan que la mejora de la eficiencia podría reducir no sólo las emisiones de CO2 (dióxido de carbono definido como un gas inodoro, incoloro, ligeramente ácido y no inflamable), sino también los altos costos en las facturas anuales y el elevado incremento de las importaciones de energía para los países integrantes de la Comunidad Europea.
En definitiva, quedaron claros los objetivos delineados por el Parlamento el año pasado que fijaron una significativa reducción “del conjunto”, en cuanto al consumo de energía, con un decrecimiento escalonado hacia el año 2030 en donde los países de la UE deberán ahorrar. Este ahorro, por ejemplo, debe disminuir los consumos y arrancar con una baja del 1,3% anual hacia fines de 2025, logrando paulatinamente el 1,9% a finales del año 2030.
Es importante destacar que, para llegar a estos fines, todos deberán compartir el esfuerzo: principalmente las empresas, los sectores de la administración pública, los centros comerciales, las viviendas y edificios, incluso los centros de datos, entre otros. Un ejemplo que toma la legislación son los nuevos “requisitos para los sistemas de calefacción urbana” para que sean “eficientes”; todo bajo un paraguas de mecanismos de control que garanticen que los Estados cumplan y hagan cumplir.
Entonces hay que pensar, de una vez por todas, en fijar objetivos de “producciones no fósiles” y trabajar para permitir el almacenamiento de esa tan ansiada y necesaria energía.
Párrafo aparte (y de peso enorme) es la cuestión de los precios de la electricidad, para que sean lo más estables posibles. Por eso deberán certificar que tanto las empresas productoras de energía, como los consumidores se beneficien obteniendo precios previsibles, que impactarán en un ordenamiento no solo del consumo, sino de la proyección de costos.
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En Europa se le llaman «contratos por diferencias bidireccionales» (CFD) o existen también los llamados “acuerdos de adquisición de energía” (AAE) que presentan el efecto de crear estabilidad a largo plazo y para las nuevas inversiones en producción de energía, conllevan bajas emisiones de carbono y requieran financiación pública. En donde las autoridades de los países miembros, pactan con las empresas de electricidad una línea base de precios, lo que beneficia a todos y otorga previsibilidad: un “círculo virtuoso”.
Algunas conclusiones: si se quiere finalmente, garantizar un suministro energético sostenible e independiente hay que incorporar, entre todos los representantes que venimos mencionando, estos cambios que van apuntando a un sistema de energías renovables que se torna transcendental para las generaciones futuras.
Claramente se protege a los consumidores vulnerables y se fomenta la conservación de la energía, siendo una amalgama de autoprotección y conservación, ya que proteger a los consumidores se vuelve, finalmente, como una misión en sí misma y eso le confiere un rango prioritario para todos los actores.
(*) Politólogo y analista parlamentario
