La Asociación Internacional de Consultores Políticos, presidida por Carlos Fara, estableció su posición ante la situación en Venezuela y manifestó: «Su profunda preocupación por el desarrollo y el resultado de las recientes elecciones presidenciales de Venezuela, en las que se reeligió al actual presidente Nicolás Maduro».
En un comunicado marcó que «los informes de observadores independientes y grupos de oposición indican numerosas irregularidades y prácticas antidemocráticas a lo largo del proceso electoral, lo que genera serias dudas sobre la legitimidad de los resultados».
Acto seguido, indicó los seis motivos que les despierta esa «profunda preocupación».
Y como primero, señaló: «Intimidación y coerción generalizada de los votantes, en particular mediante el uso de puntos rojos (centros públicos exclusivos para registrar a los votantes oficialistas) cerca de los centros de votación».
Luego precisó: » (la) falta de igualdad de acceso a los medios de comunicación para los candidatos de la oposición, con los medios estatales favoreciendo en gran medida al oficialismo» y la «inhabilitación de las principales figuras y partidos de la oposición para participar en las elecciones».
También puso el foco en las «acusaciones de compra de votos a través de la promesa de alimentos y otros beneficios a los votantes empobrecidos».
Agregó las «inconsistencias en los procedimientos de conteo y tabulación de votos» y por último, la «falta general de transparencia en el proceso electoral».
Por lo tanto, aseveró que «estos problemas, combinados con la actual crisis económica y humanitaria en Venezuela, han creado un entorno poco propicio para la celebración de elecciones libres y justas».
Y añadió que «el apresurado anuncio de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, controlado por los leales a Maduro, erosiona aún más la confianza en la integridad del voto».
Ante este panorama, «la IAPC hace un llamado a la comunidad internacional para que examine cuidadosamente el proceso y los resultados de las elecciones» e «instamos al gobierno venezolano a permitir una auditoría exhaustiva e independiente de la votación, y a abordar las preocupaciones planteadas por los partidos de oposición y los observadores internacionales».
«Además, subrayamos la importancia de fomentar un diálogo político genuino e implementar reformas electorales sustanciales para garantizar que las futuras elecciones en Venezuela cumplan con los estándares internacionales para los procesos democráticos». concluyó.
