A pesar de una orden expresa de la Corte Suprema de Justicia, cientos de empresas nunca readecuaron sus prácticas ambientales y continúan contaminando la Cuenca Matanza-Riachuelo. Advierten que hay más de 4 millones de personas en peligro sanitario. Tres casos simbólicos que reflejan cómo operan los engranajes del poder político, empresarial, judicial y sindical en Argentina.
Cuando en plena campaña electoral de 2023 el entonces candidato Javier Milei aseguró que “una empresa puede contaminar el río todo lo que quiera”, de acuerdo a su visión libertaria del mundo. Gran parte de la dirigencia política nacional puso el grito en el cielo, pero ¿y si eso fuera exactamente lo que viene ocurriendo desde hace décadas a costa del Estado y de la salud de la población?
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia dictó un histórico fallo en la llamada “Causa Mendoza”: por primera condenó al Gobierno nacional, al de la Provincia de Buenos Aires, al de la Ciudad de Buenos Aires y a cientos de empresas por la contaminación indiscriminada de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en la que hoy viven unos 4 millones de personas. El máximo tribunal conminó a todos los condenados a seguir al pie de la letra un plan de adecuación para el saneamiento inmediato del área, estableció plazos y creó la Acumar, un organismo mixto para controlar el cumplimiento.
Pero 16 años después, todo parece seguir igual. O peor.
Según María José Lubertino, extitular del Inadi y actual líder de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (una de las cinco entidades que forman el Cuerpo Colegiado de Acumar), “el Riachuelo tiene el mismo grado de contaminación que hace 16 años”. En ese mismo sentido, Raúl Estrada Oyuela, diplomático argentino (exembajador ante la ONU en materia ambiental) que ejerce como apoderado de la Asociación Vecinos de La Boca y que actúa como abogado representando a casi 400 damnificados por la contaminación en la zona, le explicó a Newsweek Argentina: “Para que haya vida aeróbica en el agua se necesitan 5 ml de oxígeno por litro. Al comenzar el proceso de saneamiento, en 2008, había 0,5 ml, es decir, una décima parte de lo mínimo requerido. Hoy hay prácticamente 0 ml. No hay nada”.
Aunque las ONG admiten que el espejo de agua del Riachuelo se limpió un poco, se extrajeron los cascos de embarcaciones hundidas, se recolecta periódicamente el desecho plástico y se sembró pasto en las riberas visibles, denuncian que la gran mayoría de las empresas instaladas en la zona nunca adaptaron sus procedimientos de vertido y de emisiones. En resumen, afirman que el Estado viene poniendo el dinero, pero los privados no.
Quienes miran el problema desde un abordaje técnico, explican que los parámetros impuestos por Acumar no son admisibles en ningún otro lugar del planeta, es decir, que se les permite a las compañías deshacerse de sus desechos y residuos sin ningún tipo de tratamiento o con condiciones extremadamente flexibles. Por caso, el Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad de Rosario y la Universidad Buenos Aires asegura que “toda la Argentina genera 10 millones de toneladas de basura al año pero trata menos del 10%”. Por lo tanto, señalan, existe una “contaminación legal”.
Sin embargo, hay quienes creen que hay “algo más”, un vínculo más profundo entre empresarios, dirigentes, la Justicia y los sindicatos que permite que todo siga fluyendo. ¿Negociados? A continuación, tres breves historias que podrían explicar, aunque sea en parte, por qué el Matanza-Riachuelo sigue tan contaminado como hace 16 años, a pesar de los esfuerzos públicos.
LOS “ALFAJORES” DE STERICYCLE
En 2022, una empresa multinacional de manejo de residuos llamada Stericycle, con operaciones en varios países de América Latina, admitió ante la Justicia de los EEUU haber pagado “coimas” a funcionarios de México, Brasil y la Argentina, entre 2011 y 2016, para adjudicarse distintas licitaciones en el manejo de residuos.
En medio de una crisis interna y por temor a sanciones, la cúpula de la empresa inició una investigación interna que derivó en una denuncia ante las autoridades. En los documentos del Departamento de Justicia de los EEUU a los que tuvo acceso Newsweek Argentina se cuenta que existieron correos cruzados en los que los directivos y los funcionarios se referían a esos “incentivos” como “alfajores”. La compañía llegó a un acuerdo, admitió su culpabilidad y pagó una multa de US$ 84 millones. Pero la investigación continuó, y en febrero de 2024 fue detenido en Miami Mauricio Gómez Báez, el ejecutivo mexicano a cargo de la filial regional cuando se produjeron esos pagos.
Aseguran que el Riachuelo está tanto o más contaminado que en 2008, a pesar de la limpieza superficial
En contraposición al ruido que generó el “AlfajorGate” en ese momento, Estrada Oyuela sostiene que hasta la fecha la Justicia argentina nunca tomó cartas en el asunto, y jamás se dieron a conocer los nombres de quienes recibieron esos “alfajores”.
Se trata de un caso probado de corrupción en torno a la Cuenca Matanza-Riachuelo. Pero con efectos solo restringidos a EEUU, Brasil y México (por ahora).
En 2017 Stericycle Argentina fue vendida y sus nuevos propietarios afirmaron en varias oportunidades que no tenían conocimiento en aquel entonces de que se hubieran producido estas irregularidades. Hoy opera en la cuenca, pero bajo otras razones sociales.
LOS CUEROS DE GALPERIN
Eva es vecina del barrio al que todos conocen como “el Paredón”, en Villa Fiorito, en la ribera sur del Riachuelo. Se llama así porque el asentamiento está literalmente instalado sobre el paredón exterior de la empresa Sadesa S.A., una importante curtiembre que con los años logró convertirse en una de las principales proveedoras de cuero del planeta. De hecho, Adidas, Nike y Ralph Laurent son tres de sus principales clientes.
“Cuando tomamos estos terrenos, no sabíamos lo que pasaba en el suelo. Al poco tiempo nos dimos cuenta de que estábamos todo el tiempo enfermos, con tos seca, dolor en los ojos, sarpullidos. Los chicos empezaron con cuadros respiratorios. Acá casi todos los chicos usan PAF, y yo misma me hago 10 por día. Después descubrimos que era por la contaminación que sale del paredón de Sadesa”, cuenta Eva.
Del paredón efectivamente salía un caño del que fluía un líquido que se derramaba directamente en la tierra. Estudios posteriores demostraron que se trataba de sustancias altamente contaminantes como plomo y cromo. Los vecinos reclamaron ante la empresa, pero no hubo respuesta o, mejor dicho, les dijeron que era una vieja tubería abandonada y que era imposible que se estuvieran vertiendo esos químicos por allí. La gente del barrio juntó cascotes y consiguió materiales para sellar el caño, pero el líquido empezó a brotar directamente por debajo del paredón. Hicieron numerosas denuncias e incluso sostienen que hay una causa en un juzgado de menores de Morón (por los chicos enfermos), pero no obtuvieron avances más allá de la condena general de la Corte en 2008.
Los vecinos de Sadesa en Campo Unamuno (Villa Fiorito) denuncian contaminación por parte de la empresa de la familia Galperin (Fotos: Vecinos de Campo Unamuno)
Eva tiene una sospecha: “Lo que pasa es que del otro lado está alguien que es muy poderoso en el mundo. Por eso no hacen nada”. ¿A qué se refiere?
Sadesa S.A. fue fundada en 1941 en Santa Fe por un inmigrante alemán llamado Walter Lebach, el abuelo materno de Marcos Galperin. Sadesa es la empresa familiar de los Galperin: la fundó el abuelo como exportadora de cueros crudos; cuentan que la consolidó el yerno de Walter y padre de Marcos, Ernesto; y hoy la dirige Miguel, hermano del fundador de MercadoLibre.
Este medio accedió a fotos y videos de los vecinos que muestran las mencionadas filtraciones, y las ONG dicen tener estudios confirmatorios. Por su parte, Sadesa sostiene que todas sus plantas realizan tratamiento de aguas, y reciclan o reutilizan el 75% de los residuos del lavado de cueros, además de cumplir todas las normativas.
“Acumar viene, toma mediciones y se va. Hoy ya sabemos cómo funciona la cosa: miden la contaminación, sancionan a la empresa y el Gobierno cobra la multa, pero después nada cambia”, se lamenta Eva.
LAS CHIMENEAS Y LAS CAMIONETAS
Pero el caso que mejor parece ejemplificar estos vínculos es el de TriEco, una reconocida empresa de tratamiento de residuos peligrosos. Stericycle (“todo tiene que ver con todo”, como decía un conductor televisivo) quemaba allí los desechos que recogía en el AMBA.
En efecto, TriEco tiene en Villa Inflamable unos enormes incineradores y grandes y humeantes chimeneas. En 2016 esos “hornos” fueron clausurados, pero el sindicato de Camioneros se plantó para evitar este cierre y el despido de trabajadores bajo su órbita. Fue público: amenazaron a María Eugenia Vidal con llevar los camiones a la Gobernación, y hubo que dar marcha atrás.
Los vecinos de Villa Inflamable llevan años de lucha contra Trieco, cuyos hornos, aseguran, emiten enormes cantidades de humo, olor y también partículas contaminantes. Afirman que los organismos encargados de controlar le avisan a la empresa cuándo se producirán las inspecciones (Fotos: Vecinos de Villa Inflamable)
TriEco es probablemente una de las empresas con mayor cantidad de denuncias en la cuenca, porque sus emanaciones no solo afectan a los vecinos linderos sino a barrios completos. Cuando se prenden los hornos, un olor insoportable inunda la zona.
Guillermo Kane es diputado provincial bonaerense y dirigente del Partido Obrero. En 2022 presentó un pedido de informes acerca de TriEco. “Obviamente no respondieron”, le cuenta a este medio, pero él no tiene dudas de que la empresa está contaminando el ambiente y afectando la salud de los vecinos. Por eso, acompañó a los vecinos en sus reclamos y presentó un proyecto de relocalización, pero tampoco prosperó.
María Ducomls es vecina y también se considera “víctima” de esta empresa y del sistema que le permite operar en esas condiciones. De acuerdo a su relato, cuando la empresa llegó al barrio lo hizo con la mejor tecnología para la época, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta de que no era suficiente. “Muchos empezaron con problemas respiratorios, hubo personas con cáncer…, y se empezó a morir gente…”, agrega María, quien también tuvo que luchar contra el cáncer.
“Nosotros ya sabemos que mañana va a haber inspección”, anticipa. “¿Cómo lo sabe?”, le consulta Newsweek Argentina. “Porque están limpiando todo y están las camionetas”. María vive prácticamente al lado y conoce a todos los actores que intervienen en esta operación que se repite periódicamente.
Ella ve cómo estacionan en la cuadra las camionetas de los inspectores de Acumar, de Ambiente de la Provincia, de la Municipalidad de Avellaneda, de algún directivo de la firma y del delegado de Camioneros. “Casualmente vienen a tomar mediciones los días que no se prenden los hornos”, ironiza, y concluye: “Los inspectores de Acumar te dicen ‘nosotros no podemos hacer nada, porque elevamos las denuncias, pero después no sabemos quién las baja’. Ellos les avisan. Y en el momento de la inspección están todos”.
Newsweek Argentina se comunicó con Acumar pero no obtuvo respuestas hasta el momento.
LA LISTA INTERMINABLE
En el fallo de 2008, la Corte Suprema incluyó la condena a una enorme lista de “agentes contaminantes”, como llama a las empresas que estaban contaminando la Cuenca Matanza-Riachuelo y que debían cumplir con una serie de órdenes.
Newsweek Argentina accedió a la última lista actualizada de “agentes contaminantes”, del 31 de octubre de 2023, en la que figuran 455 empresas.
En esa lista hay de todo: petroleras, empresas químicas, fábricas, productoras de alimentos, frigoríficos, curtiembres, graseras, areneras, plantas de tratamiento de residuos y muchos otros rubros más. Y entre las más conocidas se encuentran supermercados, Femsa, Sika, Nueva Chevallier, Makro, Raizen Argentina, Lácteos Barraza, Axion, Walmart, DOTA, Swift, el Automóvil Club Argentino y La Salteña, por solo nombrar algunas.
