En una sesión maratónica, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Finocchiaro, que establece a la educación como “servicio estratégico esencial” y obliga a las escuelas a estar abiertas en los días de paro.
La medida obtuvo media sanción con 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones, y ahora pasará al Senado donde buscará convertirse en ley.
Este proyecto, impulsado por el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, apunta a asegurar que en los días de paro, las escuelas primarias y secundarias se mantengan abiertas y haya una dotación de directivos, docentes y no docentes para que haya clases.
De esta forma, en los dos primeros días de medida de fuerza el personal en cada institución educativa deberá ser del 30%; mientras que si se extiende por más días, deberá contar con al menos el 50%.
“Este proyecto beneficia a toda la sociedad. Pone en el centro del debate educativo a los chicos, sin los cuales no habría sistema educativo. Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga”, expresó Finocchiaro
“Lo que decimos es que, en caso de una medida de fuerza, la escuela debe estar abierta, los directivos tienen que ser responsables de que eso suceda y debe haber una guardia para que reciban a los chicos”, agregó.
Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) resaltó que “al calificar a la educación como servicio esencial estamos tomando una decisión que reafirma el papel central que debe tener la misma en la construcción de una sociedad mucho más equitativa”.
Por su parte, Silvia Lospennato (PRO) señaló que esta ley es “una declaración de principios”. “No hay ningún argumento lo suficientemente fuerte que justifique la vulneración del derecho a aprender qué tienen nuestros niños y niñas”, enfatizó.
Desde la oposición, Blanca Osuna (Unión por la Patria) recriminó que “el agravamiento del hambre y desnutrición se traduce en la educación y los resultados”, y que los docentes “están sin inversión en el Fondo Nacional de Incentivo, sin libros, sin computadoras y sin aportes para conectividad”.
Sergio Acevedo, del bloque Por Santa Cruz, aseguró que “la calidad educativa no depende solamente de que haya clases”, sino que “tiene que ver también con el combate de la pobreza y el pago de buenos salarios a los docentes”.
Por su parte, Vanina Biasi (FIT) cuestionó que “quieren llamar esencialidad a prohibir el derecho a huelga”. Además, criticó que el Gobierno “subejecutó todos los programas educativos, recortó los libros, recortó el FONID y recortó el 20% del salario a la docencia”.
“Nosotros vamos a defender la docencia, el derecho a la protesta. Quienes quieren prohibirlo son los verdaderos responsables de que la educación no sea de calidad en la Argentina”, recriminó.
El gobierno confirmó que no le mandará los fondos educativos a las provincias
APROBARON EL PROYECTO FINANCIAMIENTO DE UNIVERSIDADES
Otro proyecto que se trató en la sesión fue el Financiamiento de Universidades Nacionales, en medio de los reclamos de docentes que advirtieron con realizar un nuevo paro para manifestarse sobre el aumento de salarios y el presupuesto educativo.
Con 143 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención, se dio media sanción a la iniciativa que busca recomponer los salarios desde diciembre 2023 hasta diciembre de 2024, de forma mensual de acuerdo a la inflación informada por el INDEC.
Además, plantea la incorporación de dos actividades: fortalecimiento de la ciencia y técnica en las universidades; y fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria; aumento del monto de las becas, entre otras.
La UBA declaró «la emergencia salarial» ante «la pérdida del poder adquisitivo» de sus docentes
