El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha intentado sabotear los esfuerzos para frenar la propagación del COVID-19 en su país y ha aplicado políticas que socavan los derechos de los brasileños, dijo el miércoles Human Rights Watch (HRW).
Otras instituciones, como el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Congreso Nacional, se han posicionado para proteger a los brasileños y han bloqueado algunas de las políticas más dañinas de Bolsonaro, afirmó el grupo de derechos humanos en el capítulo sobre Brasil de su informe mundial anual.
El STF falló contra el mandatario cuando éste quiso eliminar la autoridad de los estados para restringir los movimientos de las personas, dentro de la medidas para contener el segundo brote de coronavirus más mortal del mundo después de Estados Unidos.
«Bolsonaro ha minimizado constantemente la gravedad del COVID-19, calificándolo de ´una gripecita´ y criticando los bloqueos y las medidas de distanciamiento social» dijo HRW.
El tribunal superior también intervino para evitar que el gobierno negara la entrega de datos de COVID-19 al público y ordenó a la administración que redactara un plan para proteger de la pandemia a los pueblos indígenas vulnerables. El Congreso aprobó un proyecto de ley que obligaba a la administración a dar atención médica de emergencia a las comunidades indígenas.
Bolsonaro ha minimizado constantemente la gravedad del COVID-19, calificándolo de «una gripecita» y criticando los bloqueos y las medidas de distanciamiento social. HRW dijo que ha difundido información engañosa sobre el virus.
La oficina del presidente no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Bolsonaro ha argumentado que los bloqueos dañan gravemente la economía de Brasil y dejan a muchos sin trabajo.
Fuera de la respuesta a la pandemia, Bolsonaro también ha socavado los derechos de las mujeres, arremetió contra periodistas y grupos de la sociedad civil y estigmatizó e intimidó a los medios independientes brasileños, afirmó HRW.
«La Corte Suprema y otras instituciones han ayudado a proteger a los brasileños y a bloquear muchas, aunque no todas, las políticas anti-derechos de Bolsonaro. Deben permanecer atentos», dijo Anna Livia Arida, directora asociada de HRW en Brasil.
La debilidad en aplicación de la ley ambiental también ha permitido que el uso ilegal de incendios para despejar la tierra aumente nuevamente en la región amazónica. La deforestación alcanzó un máximo de 12 años en 2020, cuando se tachó un área de bosque siete veces mayor que Londres, según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil (INPE).
«Las políticas del presidente Bolsonaro han sido un desastre para la selva amazónica y las personas que la defienden», acusó Arida.
«Él culpa a los pueblos indígenas, las organizaciones no gubernamentales y los residentes locales por la destrucción del medio ambiente, en lugar de actuar contra las redes criminales que son la fuerza impulsora de la anarquía en la Amazonía».
