En un contexto de presión mundial y con una «represión sin precedentes en Venezuela», como aseguró la misión de las Organizaciones Unidas (ONU), el líder del régimen, Nicolás Maduro enfrenta distintas causas penales.
CORTE PENAL INTERNACIONAL
La primera se halla en la Corte Penal Internacional. El fiscal de la CPI Karim Khan KC dio inició el 3 de noviembre de 2021 una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela al menos desde febrero de 2014. Esto tuvo lugar después de la remisión presentada en 2018 por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.
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Pero desde abril de 2022, la investigación estuvo pausada por un recurso de apelación presentado por el régimen de Maduro en contra de la causa.
En ese entonces, sostuvo que ya la Justicia interna de Venezuela estaba investigando las violaciones de DDHH y que no le correspondía actuar a la CPI.
En 2023 la CPI comenzó un proceso para recibir testimonios de víctimas venezolanas a fin de que expresaran su opinión respecto a si la investigación tenía que seguir o suspenderse.
Alrededor de 9 mil víctimas participaron y apoyaron la investigación de la Fiscalía de la CPI.
El 1 de marzo de este año, en forma unánime, los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI rechazaron la apelación del régimen que buscaba suspender la investigación y autorizaron a la Fiscalía de la CPI a continuar la pesquisa. Indicaron que la Justicia de Venezuela no estába realizando investigaciones genuinas para castigar a los violadores de DDHH.
El pasado 9 de septiembre de 2024, la Fiscalía de la CPI confirmó que la investigación se encuentra «activa y en curso».
El despacho de Karim Khan informó que como parte de su investigación también está «siguiendo de cerca los acontecimientos actuales en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024» y que se encuentra «analizando de forma independiente e imparcial la información que se le transmite sobre las denuncias de crímenes que pueden ser de la competencia de la Corte».
La Fiscalía aseveró que «no demorará sus esfuerzos para lograr la rendición de cuentas en relación con la situación en Venezuela, ya sea, mediante su propia investigación o mediante esfuerzos genuinos y reales en Venezuela».
Al día de hoy en cuanto al curso de la investigación, la Fiscalía de la CPI tiene que individualizar casos e imputar a sospechosos, citándolos a declarar o emitiendo órdenes de arresto en su contra.
El 6 de septiembre de este año, Argentina se convirtió en el primer Estado Parte del Estatuto de Roma que le ordenó al fiscal de la CPI a que pidiera órdenes de aprehensión contra Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen.
A esta solicitud, se sumó un grupo de más de 30 expresidentes iberoamericanos y el Panel de Expertos de la OEA sobre crímenes de lesa humanidad.
A los seis países iniciales que habían remitido la situación de Venezuela a la CPI, se agregó Uruguay el pasado 6 de septiembre de 2024.
JURISDICCIÓN UNIVERSAL EN ARGENTINA
La otra causa tiene que ver con la jurisdicción universal en Argentina. El 18 de enero de 2023 el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), conformado por políticos, diplomáticos, periodistas, académicos y defensores de derechos humanos argentinos, presentó en la Justicia Federal de Argentina una denuncia penal contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La denuncia se hizo en Argentina sobre la base del principio de jurisdicción universal que faculta a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan llevado a cabo y de la nacionalidad del autor o de la víctima.
El 14 de junio de 2023 la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés) realizó otra denuncia ante la Justicia federal de Argentina a fin de solicitar que se investiguen las reiteradas y graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela. Se puso el acento en el caso de dos víctimas de violencia indiscriminada y homicidios.
Las dos denuncias fueron unificadas en una sola causa, que quedó en manos del fiscal federal Carlos Stornelli.
El 14 de febrero de 2024 el FADD presentó ante el despacho de Stornelli una extensión de la primera denuncia.
En consecuencia, añadió entre otros, el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida arbitrariamente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando salía de viaje con su hija.
San Miguel fue sometida a desaparición forzada y encerrada en el centro de torturas El Helicoide, el mayor de Venezuela y el más grande de América Latina.
A su vez, en febrero de 2024, Amnistía Internacional apoyó el pedido para que la Justicia Federal de Argentina, basándose en el principio de jurisdicción universal, investigue las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro.
Mediante una intervención conocida como amicus curiae (amigo del tribunal), Amnistía Internacional afirmó que la justicia argentina es plenamente competente para investigar, perseguir y sancionar penalmente a quienes efectuaron crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El 6 de abril de este año, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, ordenaron investigar la posible responsabilidad del régimen de Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela, en el contexto del principio de justicia universal.
En su fallo, precisaron «corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento».
El 17 de septiembre el tribunal llevó adelante una audiencia en la que víctimas venezolanas, miembros del FADD y la Fiscalía pidieron que se ordene el arresto de Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen.
El abogado Tomás Farini Duggan, que representa FADD, aseguró que la Justicia argentina se encuentra «ante un momento histórico», debido a que, sobre la base del principio de jurisdicción universal de los derechos humanos, cuenta con la posibilidad de ordenar la captura de «los máximos responsables de la peor dictadura cívico-militar en la historia de Latinoamérica, que ha transformado a Venezuela en sinónimo de diáspora, tortura y muerte».
En la audiencia, brindaron su testimonio cinco víctimas venezolanas, que contaron la persecución, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas de las que fueron víctimas en su país, como parte de las prácticas de terrorismo de Estado que ejerce el régimen de Maduro.
La Justicia argentina aplicó antes este principio para abrir investigaciones por distintos casos: en 2010 por los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen de Franco; en 2021 sobre presunto genocidio contra la comunidad rohingya en Myanmar; y en 2022 por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el dictador Daniel Ortega en Nicaragua.
NARCOTERRORISMO EN ESTADOS UNIDOS
El 26 de maro de 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó una imputación contra Nicolás Maduro por cargos de narcoterrorismo.
El fiscal general de los Estados Unidos, William P. Barr; el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman; y la fiscal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan, acusaron al líder del régimen de:
– Formar parte de una conspiración de narcoterrorismo, que conlleva una pena mínima obligatoria de 20 años y una máxima de cadena perpetua.
– Conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años y una máxima de cadena perpetua.
– Utilizar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para fomentar las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una pena mínima obligatoria de 30 años y una máxima de cadena perpetua.
– Conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para incitar las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua.
Además de Maduro, fueron acusados: Diosdado Cabello Rondón, actual ministro de Interior del régimen; el exdirector de contrainteligencia militar Hugo Armando Carvajal Barrios, alias «El Pollo»; y el general Clíver Antonio Alcalá Cordones.
A cambio de información para la captura de Maduro, Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares; y por el resto 10 millones de dólares. Carvajal y Alcalá ya fueron detenidos y extraditados a Estados Unidos.
Acorde con la acusación, al menos 1999, Maduro, Cabello Rondón, Carvajal Barrios y Alcalá Cordones actuaron como líderes y administradores del Cártel de Los Soles y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del Ejército, el aparato de inteligencia, el Congreso y el Poder Judicial con el propósito de «facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos».
En su papel como líder del Cártel de Los Soles, Maduro Moros negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcionara armas de grado militar a las FARC», indicó el Departamento de Justicia.
Y agregó: «Coordinó los asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC en el entrenamiento de un grupo de milicianos no autorizado que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles».
