El próximo 27 de octubre, Uruguay celebrará las elecciones generales para elegir a su nuevo presidente. Pero además, se realizará otra votación que tiene en vilo tanto a la población como al Gobierno: el plebiscito para aprobar una nueva reforma jubilatoria.
Si bien hace poco más de un año entró en vigencia la reforma impulsada por el mandatario Luis Lacalle Pou, que aumentó la edad de jubilación de los 60 a 65 años y permitió que los jubilados puedan mantener una actividad laboral, ahora se debate un nuevo proyecto.
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El plebiscito es impulsado por el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la central sindical uruguaya, que plantea un cambio a fondo: modificar el artículo 67 de la Constitución.
En su iniciativa, el PIT-CNT reclama tres puntos centrales: bajar la edad de retiro en 60 años; determinar una jubilación mínima equivalente al Salario Mínimo Nacional; y eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), que gestionan los fondos de retiro de forma primada.
Tras iniciar su campaña, la central sindical logró juntar más de 430.000 firmas, superando el mínimo necesario para impulsar la consulta popular del próximo 27 de octubre.
“Todos somos jubilados, ello es una cuestión de tiempo”, expresó Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, en un acto en el que convocó a los uruguayo a apoyar la propuesta en las urnas.
En ese sentido, advirtió que “en las AFAP, cuatro de cada diez personas, después de casi 25 años de aportes, cobran menos de 2.830 pesos por mes. El 61% recibe menos de 5.600 pesos mensuales, y el 80% del total no llega a los 11.300 pesos por mes”.
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LAS VOCES EN CONTRA DE LA REFORMA
El Presidente de Uruguay convocó este jueves a una reunión con parte de su gabinete con la mira puesta en conformar una estrategia en rechazo a la nueva reforma jubilatoria.
Del cónclave participaron los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, y de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; el presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera; y el principal asesor de la reforma previsional de su gobierno, Rodolfo Saldain.
Lacalle Pou aseguró que va a defender su proyecto, y desde el Gobierno remarcaron que esta nueva reforma traería consecuencias económicas y de viabilidad en el sistema jubilatorio.
A fines de agosto, un grupo conformado por 111 economistas y profesionales del Frente Amplio lanzaron un documento llamado “Frenteamplistas por el No”, en el que manifestaron su postura contra el proyecto del PIT-CNT.
Si bien aseguraron que la ley aprobada por Lacalle Pou “no soluciona los principales problemas existentes” para los jubilados, también señalaron que “el plebiscito de reforma constitucional no es la solución”.
Por otro lado, el banco de inversiones JP Morgan también lanzó una alerta sobre el plebiscito: en un informe, mencionaron que “si se aprueba el plebiscito de seguridad social podría comprometer la sostenibilidad fiscal a mediano plazo y desencadenar un efecto adverso en el mercado”.
