Por Hugh Cameron, de Newsweek (*)
El Departamento de Justicia (DOJ) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) están reforzando las medidas de seguridad para las elecciones de 2024 en medio de una creciente ola de «ataques» a la democracia estadounidense.
Los legisladores han expresado su preocupación por la integridad de las elecciones estadounidenses, la posible interferencia extranjera y la seguridad de quienes se postulan para un cargo antes de las elecciones de noviembre.
Las advertencias del Departamento de Justicia resaltan cómo los dos intentos de asesinato contra el expresidente Donald Trump han puesto la violencia política en primer plano en las elecciones de este año.
«El Departamento no tolera la violencia ni las amenazas ilegales de violencia contra funcionarios públicos, oficinas gubernamentales e infraestructura electoral», escribió el viernes el fiscal general adjunto Carlos Uriarte.
Y dejó en claro que «estos delitos son ataques a nuestra democracia».
En la carta, obtenida primero por Politico, Uriarte reiteró sus temores sobre la seguridad de las elecciones presidenciales de este año y comentó sobre el nivel de violencia que ha ensombrecido la carrera.
«En los últimos años, hemos visto un aumento peligroso en las amenazas de violencia dirigidas a funcionarios electorales, trabajadores y voluntarios, así como a funcionarios federales y estatales, jueces, fiscales, agentes del orden público y otros servidores públicos», remarcó.
Newsweek se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para solicitar más comentarios sobre los riesgos de violencia relacionada con las elecciones.
Entre estas amenazas, las principales fueron los dos intentos de asesinato contra el expresidente Donald Trump, que ocurrieron con solo 64 días de diferencia.
La carta de Uriarte estaba dirigida a los senadores Amy Klobuchar, Mark Warner, Dick Durbin, Patty Murray y Gary Peters, quienes presiden varios comités del Senado, incluido el de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales (Peters) y el Comité Selecto de Inteligencia (Warner).
Los cinco jefes de comités del Senado habían escrito previamente al Departamento de Justicia y al FBI, pidiendo a ambos organismos que establecieran «las capacidades y los recursos adecuados» para combatir amenazas que incluyen ciberataques, operaciones de influencia extranjera, así como «violencia física contra los trabajadores electorales y la infraestructura».
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Uriarte intentó calmar sus preocupaciones enumerando las diversas medidas que el FBI y el Departamento de Justicia habían tomado para abordar estas amenazas y reforzar la seguridad antes de la votación de noviembre.
«En los últimos dos años, el Departamento ha procesado aproximadamente 400 casos que involucraban amenazas dirigidas a servidores públicos», recordó.
Y citó un caso de julio en el que un hombre de Alabama envió amenazas de muerte a trabajadores electorales antes de las elecciones del condado de Maricopa en Phoenix, Arizona.
Uriarte también se refirió al caso del 6 de agosto que involucra a un ciudadano paquistaní, quien fue acusado por presuntamente conspirar para asesinar a Trump en represalia por el asesinato selectivo en 2020 del general iraní Qasem Soleimani.
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Inmediatamente después del primer intento de asesinato contra Trump el 13 de julio, Uriarte también afirmó que el FBI llevó a cabo una «investigación extensa y exhaustiva», que incluyó casi 100 entrevistas en las primeras 48 horas posteriores a la manifestación de Butler, Pensilvania.
De cara a noviembre, prometió «asignar recursos adicionales para ampliar y coordinar nuestro trabajo».
Cada oficina de campo del FBI estará vinculada con un «Coordinador de Delitos Electorales», un programa diseñado para interactuar con socios locales, estatales y federales para investigar y abordar posibles amenazas a los trabajadores electorales.
Durante las primarias del Súpermartes en marzo, la oficina estableció un Puesto de Comando Electoral Nacional, proporcionando una ubicación centralizada para lidiar con amenazas relacionadas con las elecciones, una práctica que, según Uriarte, se repetirá en el período previo al 5 de noviembre.
Al comentar sobre las crecientes preocupaciones por la interferencia electoral extranjera por parte de Rusia, China e Irán , Uriarte dijo que el Departamento de Justicia «actúa todos los días» para combatir los «esfuerzos redoblados de actores malignos extranjeros para difundir desinformación, sembrar discordia y socavar la confianza en nuestras instituciones democráticas».
Destacó la labor del Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera, establecido por el director del FBI, Christopher Wray, en 2017, que integra el trabajo de múltiples divisiones de la oficina, al tiempo que trabaja con el sector privado para compartir inteligencia y abordar operaciones de influencia extranjera.
Sin embargo, Uriarte también puso el foco en las amenazas internas a la integridad de las elecciones estadounidenses, específicamente aquellas que afectan el derecho a votar de los ciudadanos.
Afirma que ha habido un aumento en la incidencia de funcionarios y formuladores de políticas que «violan los estatutos electorales y de derechos civiles» al limitar el acceso a las urnas y «debilitar las protecciones de la Ley de Derecho al Voto».
Uriarte cita el caso de una agencia de Oklahoma que no proporcionó oportunidades efectivas para que los votantes se registraran, así como el caso de octubre de 2023 en el que se encontró que el condado de Galveston, Texas, había violado la Ley de Derechos Electorales al eliminar el derecho de los votantes negros y latinos a unirse en los llamados «distritos de coalición» para elegir a un candidato de su elección después de la redistribución de distritos en 2021.
En respuesta, dijo que el Departamento de Justicia había duplicado el tamaño del personal de cumplimiento de los derechos electorales de su División de Derechos Civiles desde 2021 y había realizado esfuerzos para promover el cumplimiento de las leyes de derechos civiles durante las elecciones.
Publicado en cooperación con Newsweek Internacional.
