A través del Consejo Interuniversitario Nacional, se anunció la nueva convocatoria en defensa de las universidades públicas para el próximo 2 de octubre. Con un intento fallido por parte del oficialismo para evitar esa segunda marcha, el Gobierno cree que la foto no va a ser tan fuerte como la del pasado 23 de abril; desde quienes lanzaron la convocatoria sostienen que la concurrencia será mayor a la primera marcha. Se sumarán agrupaciones políticas y sindicales.
La segunda marcha federal universitaria está convocada para el miércoles 2 de octubre a las 17 horas y aunque el gobierno intentó evitarla, no pudo. En la mesa de negociación lo único que se coloco (por parte de las universidades) es la Ley de Financiamiento Universitario y el oficialismo no quiere ceder, habrá veto. Más allá de los propios fondos para esa partida presupuestaria y lo que eso implique para el oficialismo, cree que ceder marcaría un antecedente y otros sectores podrían empezar a “tomarle el tiempo”: el Gobierno quiere ser (o al menos mostrarse) inflexible.
Dos derrotas para Milei y un triunfo para Villarruel en el Senado
Hace dos semanas, con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, el Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario que asegura un incremento en las partidas presupuestarias de los establecimientos como así también una actualización en los salarios del personal docente y no docente. Tras su aprobación, el presidente anunció a través de sus redes sociales que vetaría la ley, al igual que con la reforma de la movilidad jubilatoria; puede hacerlo hasta el próximo jueves 3 de octubre.
VETO TOTAL
— Javier Milei (@JMilei) September 13, 2024
Sobre la nueva convocatoria, además de aquellos nucleados en el CIN (Consejo Universitario Nacional), estará el Frente Sindical de Universidades Nacionales (personal docente y no docente) y también agrupaciones estudiantiles como la Federación Universitaria Argentina. Se sabe que también participará el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con miembros de su gabinete; otros sectores de la oposición, la CGT, las dos CTA, la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular) y algunas organizaciones sociales.
Aunque desde la organización auguran una presencia mayor respecto de la marcha del 23 de abril, el Gobierno confía en que no tenga tanta relevancia en número.
Una de las preguntas es qué pasará con el protocolo antipiquetes que habilita a las fuerzas de seguridad federales a intervenir en casos de protesta en los cuales se interrumpa la circulación de personas y del transporte. En la convocatoria del 23 de abril pasado, no pudo aplicarse por la sorpresa que se llevó el Gobierno respecto a la cantidad de personas, muchas autoconvocadas, que se volcaron a las calles en defensa de las universidades públicas.
Tal como informó el Ministerio de Capital Humano, el Gobierno ofreció un aumento salarial del 5,8% (más el 1% previsto para octubre) que tuvo un rechazo contundente por parte del personal y sus gremios. En agosto y septiembre se fijaron aumentos del 2 y del 3% respectivamente.
Desde los gremios afirman que, personal docente y no docente, perdieron un 50% de poder adquisitivo en sus salarios.
Se sabe que el veto será total. En relación a la discusión por el envío de fondos a las casas de altos estudios, se convocó a una comisión técnica para el próximo 7 de octubre a fin de analizar cuál es la situación respecto de los salarios.
Hay dos temores para el oficialismo (aunque los niegue) : por un lado, una foto mucho más contundente que la que el presidente logró en la presentación de La Libertad Avanza como partido nacional el último sábado en Parque Lezama. Por otro, no tener en el Congreso el apoyo suficiente para blindar el segundo veto presidencial.
