El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, viajó a la Argentina para mantener un encuentro con Javier Milei, quien busca importar su modelo de seguridad en el país para combatir el crimen organizado.
A lo largo de su primer mandato, el salvadoreño utilizó su lucha contra las maras como su principal caballo de batalla, lo que lo llevó a ser reelegido este año. Sin embargo, cada vez crecen más las acusaciones por sus estrategias, con denuncias que van de incumplimiento de los derechos humanos a la detención de opositores.
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Según Amnistía Internacional, hasta febrero de 2024, varias organizaciones y medios locales registraron más de 78.000 detenciones arbitrarias, 327 casos de desapariciones forzadas y al menos 235 muertes en las cárceles.
“Se ha generado la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos – como el de la violencia y la criminalidad –, de manera aparentemente sencilla. Sin embargo, no puede ser un éxito reducir la violencia pandilleril sustituyéndola por violencia estatal”, expresó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que advirtió sobre las consecuencias del régimen de excepción impulsado por Bukele, especialmente los abusos a los menores de edad, con detenidos desde los 12 años.
“El régimen de excepción se ve bien hasta que lo tocan a uno. Porque el presidente dijo que era para capturar a las pandillas, pero se está llevando a gente inocente”, comentó la mamá de un adolescente detenido acusado de haber hecho graffitis relacionados a una pandilla a La Nación.
A esto se suman las detenciones de opositores de Bukele. Entre ellos se encuentran Rubén Ignacio Zamora, abogado, ex candidato presidencial y ex embajador de El Salvador ante la Casa Blanca; y Giovanni Aguirre López, un sindicalista y miembro del Bloque de Resistencia Y Rebeldía Popular.
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En 2021, Bukele también estuvo en la mira por la postura de su Gobierno ante el asesinato de dos simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un partido de izquierda salvadoreño.
En 2021, dos personas fallecieron tras un tiroteo en medio de una caravana. Sin embargo, el Presidente alentó las versiones policiales que apuntaban que no había sido un ataque directo contra los militantes opositores, sino que acusó al FMLN de “ocultar” que “ellos también dispararon”, apuntando a un posible enfrentamiento.
“Un jefe de policía que intenta desvirtuar una investigación del Ministerio Público debería ser destituido de inmediato por obstrucción de justicia. ¿Por qué Nayib Bukele no lo hace? ¿Qué interés tiene Bukele en proteger a los responsables de este crimen político en El Salvador?”, había reclamado en ese entonces José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch.
LAS DENUNCIAS POR CORRUPCIÓN
Bukele no solo se encuentra bajo la lupa por su duro modelo de seguridad. También ha sido denunciado por corrupción, con acusaciones que arrastra desde sus épocas como alcalde de San Salvador, cargo que ostentó entre 2015 y 2018.
Desde malversación de fondos públicos, pagos fantasmas por obras o servicios no realizados, e incluso lavado de dinero, son algunos de los hechos que fueron investigados.
Pese a que Bukele busca afirmar su plan para luchar contra la corrupción, el índice de percepción de la corrupción realizado por Transparencia Internacional muestra una caída en la confianza en El Salvador.
Según el informe, el país centroamericano se ubica en el puesto 126 sobre 180 países, con una puntuación de apenas 31 sobre 100 en 2023. Además, el índice muestra una baja sostenida desde 2020, cuando alcanzó 36 puntos.
