La Cámara de Diputados debatirá un importante proyecto de ley impulsado por la diputada del PRO, Verónica Razzini, que busca tipificar como delito penal los bloqueos a empresas. Esta iniciativa contempla penas que van de seis meses a tres años y medio de prisión para quienes obstaculicen el acceso a comercios, industrias o cualquier establecimiento. Además, se sancionaría a los sindicatos que promuevan estas prácticas.
El debate se llevará a cabo en la Comisión de Legislación Penal, y la postura de los legisladores de La Libertad Avanza es motivo de incertidumbre. En una reunión anterior de la Comisión de Legislación del Trabajo, estos diputados recibieron instrucciones de no apoyar un dictamen que inquieta a la CGT: el proyecto de ley Democracia Sindical. Esto genera temores de que esta nueva propuesta también enfrente obstáculos.
Dentro de la Comisión de Legislación Penal, hay una representación variada: 13 diputados de Unión por la Patria, 5 del PRO, 5 de La Libertad Avanza, 3 de la UCR, 1 de Innovación Federal, 1 de Democracia para Siempre y 1 de la Coalición Cívica. Para que el proyecto avance, se requieren al menos 15 firmas. Si los diputados de La Libertad Avanza se suman a la iniciativa, podría lograrse el avance; de lo contrario, el proyecto podría quedar estancado, como ocurrió con la propuesta de Democracia Sindical, que busca reformar la reelección indefinida de dirigentes sindicales y democratizar la estructura interna de los sindicatos.
El debate por la Ley de Democracia Sindical no avanzó por falta de apoyo del PRO y los libertarios. Tetaz había denunciado que por una negociación entre el Gobierno y los sindicatos se cayó la iniciativa. “Teníamos consenso para aprobarlo, pero evidentemente hubo una negociación con los sindicalistas”, explicó. Entre los rumores al respecto, se especula que pudo haber un pacto de “paz social” entre el Gobierno y los sindicatos, lo que dejó a la oposición sin la mayoría necesaria para avanzar en la reforma.
Esa ley tenía como objetivo hacer a los sindicatos “más competitivos desde el punto de vista electoral”, fomentar la renovación de sus dirigentes y asegurar la transparencia en su manejo. “Los trabajadores tienen que tener representantes que realmente los defiendan, no megaempresarios que construyen un poder monopólico”, dijo Tetaz en el momento del conflicto, el fue uno de los principales promotores del proyecto.
El tema de limitar el poder de los sindicatos fue central en la agenda del presidente Javier Milei al abrir el Congreso en el mes de marzo, pero el oficialismo no avanzó con ningún proyecto al respecto. Las voces en off, dicen que es por la mesa en la que se negociaron los proyectos mencionados y otros puntos de interés entre sindicalistas y libertarios.
Cabe destacar que ya existía un artículo en la Ley Bases que incorporó el bloqueo como causal de despido con justa causa que terminó atenuado por el rechazo de la CGT. Eso es lo que sugiere que la propuesta de Razzini podría enfrentar obstáculos para avanzar.
El artículo 94 de la reforma laboral, considera una falta grave la participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos, lo que puede llevar a un despido justificado pero sujeto a un procedimiento previo que requeriría que el empleador acudiera a la Justicia antes de despedir al señalado.
El desarrollo de un nuevo debate por el tema en cuestion será crucial para observar cómo se posicionan los distintos bloques y cuál será el impacto en la mesa de negociación tripartita entre empresarios, sindicatos y el gobierno nacional, la jornada promete ser decisiva para ello.
