Mientras el oficialismo acelera el tratamiento de la ley de Ficha Limpia para candidatos, la oposición busca avanzar con la modificación de la normativa que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
En primer lugar, la oposición, en un frente amplio que reúne a los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, solicitará una sesión especial para discutir un proyecto clave: la modificación de la ley 26.122, que regula el uso de los DNU. El objetivo de este proyecto es cambiar la dinámica con la que los decretos que emite el Ejecutivo pueden ser validados o rechazados por el Congreso. El bloque de la Libertad Avanza también tiene intenciones de convocar a una sesión similar, pero con el propósito de tratar otro tema: el proyecto de Ficha Limpia, que limita la participación en elecciones a aquellos vinculados a delitos no puedan ser candidatos.
El tema de los DNU genera un fuerte debate no solo por la limitación de los decretos en sí mismo si no por la forma. El proyecto que obtuvo dictamen recientemente establece que los decretos deban tratarse en un plazo de 90 días por el Congreso. Si no se aprueban en ese lapso, estos perderían automáticamente su vigencia; esto también plantea que el rechazo de una Cámara sea suficiente para hacer caer el decreto y no se necesiten de las dos, como marca la regulación actual. También se establece que si un DNU es emitido mientras el Congreso está en receso, las Cámaras podrán abordarlo de inmediato. Asimismo, en caso de que sea rechazado, el Poder Ejecutivo no podrá dictar un decreto similar durante el mismo período parlamentario.
Las diferencias entre los sectores de la oposición que intentan avanzar con el proyecto están dadas sustancialmente por los plazos pero si hubiera un punto en común habría mayor apoyo para la modificación. De todos modos, el presidente ya anunció que vetaría la reforma por lo que la cantidad de votos con los que pudiera sancionarse la ley serán determinantes para lo que suceda con el eventual nuevo veto
Por su parte, el oficialismo no quiere quedarse atrás y ha puesto en marcha el proyecto de ley Ficha Limpia que establece una serie de restricciones para que aquellos vinculados en proceso relacionados a delitos centralmente de corrupción, no puedan presentarse como candidatos en futuras elecciones. Este proyecto estuvo a punto de convertirse en ley durante el debate por la Boleta Única de Papel aunque después terminó cayendo por falta de apoyo.
Desde sectores como el kirchnerista afirman que con antecedentes graves de lawfare no solo en la Argentina sino también en otras partes de la región, esto se convertiría en una herramienta de algunos sectores para la proscripción de determinadas figuras políticas
En América Latina, el concepto de lawfare ha ganado relevancia en los últimos años, especialmente en contextos políticos y judiciales donde figuras relevantes han denunciado públicamente que se utilizan los tribunales y las leyes con fines de persecución o desestabilización de actores políticos, sociales o económicos, más que para la búsqueda de justicia imparcial, esto se refiere a la utilización de las instituciones judiciales y fiscales de manera estratégica para perjudicar a líderes, movimientos sociales, partidos políticos u opositores, bajo la apariencia de un proceso legal legítimo.
Para avanzar con este proyecto, La Libertad Avanza cuenta con el respaldo de un amplio sector de la oposición. Sin embargo, algunos argumentan que esta iniciativa puede ser usada de forma arbitraria y que puede afectar derechos fundamentales.
En la agenda hay también un tema importante como lo es el Presupuesto 2025. Recientemente Guillermo Francos señaló que el oficialismo no convocará a sesiones extraordinarias para su tratamiento; por lo que en caso que no sea tratado durante las sesiones ordinarias, se mantendrá el actual presupuesto prorrogado. Más allá de esas declaraciones, las conversaciones se intensifican para lograr el avance en el plazo expuesto.
