Hoy la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, comunicará si confirma o no la condena de Cristina Kirchner a seis años de cárcel en la Causa Vialidad, que estableció el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2. ¿Qué pruebas tuvo en cuenta el tribunal para tomar esa decisión?
Los magistrados sostuvieron que el decreto 54/2009 funcionó como un «instrumento para la maniobra criminal». Con esa resolución se modificó un fideicomiso preexistente y se sumó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria.
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Acorde con el tribunal, la disposición «proveyó una fuente ilimitada de financiamiento al ente vial y le permitió agilizar paulatinamente el proceso de pagos reduciendo la burocracia preexistente.
Pero esencialmente brindó el contexto de opacidad suficiente para que el Administrador General pudiese, a partir del régimen inherente a la naturaleza de los fondos, disponer libremente qué obras se valdrían de los recursos del fideicomiso».
Además, consideraron que logró probarse que los beneficios conseguidos por el empresario Lázaro Báez «no agotan las ventajas económicas que reportó esta defraudación, pues parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta».
A su vez, hicieron hincapié en los chats del exsecretario de Obras Públicas José López y el abandono de las obras luego de las elecciones presidenciales de 2015, en las que Mauricio Macri llegó a la presidencia.
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«La urgencia en organizar un viaje relámpago (que en principio apuntaba a reunir a los funcionarios y empresarios involucrados en la maniobra en Río Gallegos), la presencia del avión presidencial en Río Gallegos y, fundamental y primordialmente, las alusiones directas a un encuentro necesario para que Fernández de Kirchner tomase decisiones (junto con Báez) respecto de las empresas y las obras, conforman un cuadro de contundencia respecto de este segmento de la maniobra», precisaron.
LAS PRUEBAS DE LA FISCALÍA
El argumento central de la Fiscalía fue el direccionamiento desde el Gobierno nacional de obras en favor de la empresa Austral Construcciones, cuyo dueño era Lázaro Báez, con licitaciones que fueron manipuladas, condiciones extraordinarias, sobreprecios y sin ningún contro respecto de los incumplimientos.
También pusieron el foco en las obras pagas, aunque sin terminar o ni siquiera empezadas, en los mensajes de teléfono celular en los que se hace referencia a «la Pta.» y en sociedades comerciales entre Baéz y los Kirchner.
LA DEFENSA DE CRISTINA
Los abogados de la exmandataria colocaron el acento en que las obras investigadas ya habían sido evaluadas por la Justicia de Santa Cruz y que por lo tanto, no se la podía juzgar dos veces por el mismo hecho. Pero la Corte Suprema no hizo lugar a este argumento y lo rechazó el 21 de junio pasado.
La defensa también criticó que el Tribunal Oral autorizó que se incluyera evidencia de otras investigaciones a último momento, sin que las partes hubieran podido tener acceso. Aquí los jueces sostuvieron que las pruebas sí había sido puesta a disposición de la defensa.
