Por María José Lubertino Beltrán (*), desde Bakú, Azerbaiyán
En la apertura de la 29° Conferencia de Estados partes de la Convención de Cambio Climático el secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó: “Estamos en la cuenta atrás para limitar el aumento de temperaturas a 1,5º C, y el tiempo no está de nuestro lado”. Además, aseguró que “los contaminadores deben pagar”, que “los ricos causan el problema y los pobres pagan el precio más alto” y que “los multimillonarios más ricos emiten en una hora y media más carbono que el que emite una persona promedio en toda su vida”.
Por otra parte, pidió que se creen nuevos impuestos sobre el transporte marítimo, la aviación y la extracción de combustibles fósiles como formas “innovadoras” de ayudar a los países con menos recursos a financiar la costosa transición climática.
En su intervención en Foro de Alto Nivel, al referirse al tema clave de discusión en estas negociaciones agregó: “La COP29 debe derribar los muros del financiamiento climático. Los países en desarrollo no deben irse de Bakú con las manos vacías. Es imprescindible llegar a un acuerdo y confío en que se alcanzará. Necesitamos una nueva meta financiera que esté a la altura de las circunstancias”.
Para que eso sea posible, enumeró cinco elementos: 1) aumento significativo del financiamiento público en condiciones no reembolsables; 2) mayor claridad sobre cómo esos fondos movilizarán el dinero que necesitan los países en desarrollo; 3) aprovechamiento de fuentes innovadoras; 4) mayor transparencia y rendición de cuentas; y 5) aumento de la capacidad de préstamo de los bancos multilaterales de desarrollo.
María José Lubertino, en la COP29
Los países en desarrollo deberemos destinar un mínimo de US$ 40.000 millones anuales desde 2025 para adaptarnos frente a las consecuencias de la crisis climática y para prevenir nuevos impactos, lo que no podremos hacer sin financiamiento. Así algunos de los slogans de la sociedad civil en esta COP son “Norte Global, ¡paguen!” y “Trillions, no billions” (o sea “billones, no miles de millones”, en español), aludiendo a que los países desarrollados deben aumentar sus contribuciones. No es una cuestión solo de recibir dinero: es una cuestión de Justicia.
América Latina enfrenta impactos climáticos crecientes que amenazan los derechos humanos, la biodiversidad y los medios de vida de millones de personas, especialmente de comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños y niñas, adolescentes, jóvenes y otras poblaciones vulnerables. Este contexto requiere compromisos firmes y acciones rápidas y justas por parte de la comunidad internacional en la COP29, reconociendo la responsabilidad histórica y la necesidad urgente de justicia climática.
Los latinoamericanos en esta COP abogamos por una transición justa que tome en cuenta factores estructurales, priorizando una perspectiva interseccional con los pueblos y comunidades para liderar el cambio desde sus propias realidades y contextos.
La transición justa requiere mecanismos financieros basados en subvenciones que no generen nuevo endeudamiento. Deben ser accesibles, predecibles y deben priorizar a las comunidades. Los países en desarrollo ya estamos sobreendeudados y desde la sociedad civil no queremos falsas soluciones como los mercados de carbono que siguen profundizando la lógica de la mercantilización de la Naturaleza.
Es fundamental integrar de manera transversal la transición en las políticas y programas del Estado. Muchos programas de desarrollo no se integran adecuadamente, lo que dificulta la planificación y coordinación de políticas. Esto implica que los beneficios de una transición justa no se distribuyen equitativamente y que muchos grupos vulnerables quedan excluidos. Es esencial que las políticas se diseñen con los conocimientos tradicionales y las experiencias vividas por las comunidades afectadas. La falta de inclusión efectiva en la toma de decisiones de aquellos/as que están en la primera línea del cambio climático perpetúa desigualdades. Las mujeres y las/os trabajadores/as debemos estar en el centro de la conversación. La transición laboral debe ser justa, sostenida y con garantías de transicionar a sectores no extractivos con enfoque de derechos humanos.
Las ecofeministas del mundo estamos teniendo aquí un rol de incidencia destacado y, si bien hay fuertes intentos de volver atrás en el lenguaje acordado sobre género y diversidades, nuestro mayor logro de la primera semana de negociaciones ha sido garantizar que se incluya en la resolución de transición justa las tareas de cuidados y a los y las trabajadoras/es informales, siendo que las mujeres somos mayoría en estos grupos.
Entretanto, el Gobierno de Argentina, con su intempestiva e inexplicable decisión de retirarse de las negociaciones, se queda afuera del debate para obtener recursos y, en los hechos, contradice el discurso inicial (que no llegaron a leer) que subieron en la web de Naciones Unidas, donde responsabilizaban por la crisis a los países desarrollados, rechazando imposiciones regulatorias.
Ni bien terminada la COP28, conferencia mundial sobre cambio climático que se llevó a cabo en Dubái el año pasado, asumía el nuevo presidente de Argentina, autoproclamado ultraliberal y negacionista de la evidencia científica sobre la crisis. Y ya afirmaba entonces que son “mentiras del socialismo”. Sin embargo desde entonces hasta ahora, y a pesar de la eliminación del Ministerio de Ambiente, los procesos gubernamentales iniciados a partir de los compromisos asumidos en las convenciones de cambio climático, biodiversidad y lucha contra la desertificación y el Acuerdo de Escazu, continuaron su derrotero sobre la base de la fortaleza que les otorga su ratificación posterior a la aprobación parlamentaria.
Qué especies animales corren el mayor peligro de extinción por culpa del cambio climático
En abril de este año en la Reunión del Foro de países de América Latina y el Caribe, Argentina desertó de presidirla y de presentar observaciones a las resoluciones regionales en materia de Agenda 2030. En la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre el Presidente Milei en persona abominó de la Agenda 2030 en un gesto incomprensible, dado que todo los países del mundo han acordado esos 17 humildes objetivos de desarrollo sostenible, en los que tan poco se ha avanzado hasta ahora, que incluyen puntos tan básicos como acabar con el hambre o la pobreza extrema en el mundo, garantizar el acceso al agua limpia y al saneaminto, la salud y la educación para todos y todas, lograr la igualdad de género, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y no dejar a nadie atrás de los beneficios del desarrollo.
Pero en estas últimas semanas y después del cambio de Canciller estos gestos se han multiplicado, aislando a la Argentina del mundo votando en Naciones Unidas en soledad en contra de los derechos de los pueblos originarios y en contra de los derechos de las mujeres, los niños/as y diversidades en un tema sensible como es el de la violencia de género en redes sociales. Dos posturas en flagrante violación a los mandatos de nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos vigentes en nuestro país.
En este contexto de un gobierno negacionista de los derechos humanos y de la crisis climática, el retiro de esta COP y nuestro aislamiento del diálogo multilateral significa para la Argentina una oportunidad perdida para obtener los recursos que necesitamos para los cambios imprescindibles para evitar y afrontar las sequías, los incendios y las inundaciones que nos están azotando.
A pesar de toda esta sobreactuación beligerante, Argentina debe cumplir con los compromisos asumidos al haber ratificado el Acuerdo de París sobre cambio climático.
Como sociedad civil seguimos presentes en la COP 29 haciendo incidencia para lograr nuestros objetivos como feministas y, como latinoamericanas, en el diálogo multilateral y multiactor. Y, al volver a casa, usaremos todos los recursos jurídicos nacionales e internacionales y promoveremos el empoderamiento comunitario para hacer que se cumplan los compromisos para la justicia climática y la justicia de género, sin las cuales no hay justicia social.
(*) Presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, exdiputada nacional y extitular del Inadi
