Por Miguel Saredi (*)
En los últimos días, la propuesta de Leila Gianni de permitir la portación de armas para los vecinos de La Matanza ha generado una mezcla de asombro e indignación. No solo es una medida peligrosa, sino que también refleja un nivel alarmante de irresponsabilidad política.
Es fácil lanzar ideas extremas y populistas cuando no se tienen respuestas reales para los problemas, pero jugar con las emociones de los vecinos en un tema tan delicado como la seguridad puede tener consecuencias desastrosas.
UN ATAJO PELIGROSO QUE IGNORA LA LEY Y LA REALIDAD
Proponer la portación libre de armas no solo contradice la legislación argentina, que regula estrictamente el uso y posesión de armas, sino que también ignora la evidencia internacional y local. Más armas no resuelven la inseguridad, sino que la agravan. Alentar a los ciudadanos a armarse no es una solución: es un abandono total del rol del Estado como garante de la seguridad pública.
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La Ley Nacional de Armas y Explosivos (Ley 20.429) existe por una razón: prevenir que armamento peligroso esté al alcance de cualquier persona sin formación ni controles adecuados. Personajes bizarros y que solo buscan likes como Leila Gianni parecen desconocer o ignorar esto al plantear una política que no solo es ilegal, sino también absurda y socialmente suicida.
Más preocupante aún es la banalización de un problema tan serio. Sugerir que las familias matanceras, cada vez más agobiadas por la pobreza y el abandono del gobierno nacional, resuelvan la inseguridad tomando las armas, no es una solución: es una forma de lavarse las manos ante la falta de propuestas concretas y efectivas.
MÁS ARMAS NO SON MÁS SEGURIDAD, SON MÁS TRAGEDIAS
La experiencia internacional nos lo demuestra: los países con mayor acceso a armas en manos civiles tienen índices más altos de violencia, accidentes domésticos, suicidios y homicidios emocionales. En una entrevista reciente, destaqué que «más armas es igual a más violencia; eso incrementa los homicidios emocionales, los suicidios y los conflictos que terminan en tragedias». ¿Es ese el modelo de sociedad que queremos?
Además, cargar a los vecinos con la responsabilidad de su propia seguridad equivale a declararlos en estado de guerra. Esta lógica no solo es equivocada, sino que es peligrosa: pone a ciudadanos comunes en situaciones para las que no están preparados, exponiéndolos a riesgos aún mayores.
FORTALECER AL ESTADO, NO DESARMARLO
Lo que necesitamos los que estamos poniendo la cara en los territorios no son soluciones mágicas ni propuestas extremas que solo buscan titulares. Lo que necesitamos es un Gobierno nacional que vuelva a priorizar a los municipios, dotándolos de los recursos necesarios para enfrentar la inseguridad de manera profesional y eficiente.
Es imperativo aumentar el presupuesto en seguridad, equipar a las fuerzas locales, instalar más cámaras, mejorar los patrulleros y capacitar a nuestros agentes. Los vecinos no deberían defenderse por su cuenta: deberían contar con un Estado que los proteja de manera efectiva.
UNA POLÍTICA RESPONSABLE FRENTE AL OPORTUNISMO
Leila Gianni y quienes apoyan esta idea tienen el derecho de proponer lo que consideren, pero como dirigentes políticos tenemos una responsabilidad mucho mayor: pensar en las consecuencias de nuestras palabras y acciones. Cuando se trata de la vida y la seguridad de nuestros vecinos, no podemos jugar a ser valientes desde un micrófono ni proponer salidas fáciles que terminan siendo trampas mortales.
El populismo punitivo puede sonar atractivo, pero nunca ha resuelto los problemas de fondo. La seguridad requiere seriedad, planificación y compromiso. Hacer política con el miedo de la gente es, en el mejor de los casos, irresponsable; y en el peor, una forma de agravar los problemas que enfrentamos como sociedad.
La portación de armas no es la solución: es un riesgo inaceptable que no estamos dispuestos a tomar. Desde mi lugar, seguiré defendiendo un modelo de seguridad basado en la prevención, la profesionalización de las fuerzas y el fortalecimiento de los gobiernos locales, y denunciando cómo el Estado nacional se retira y reduce los recursos en los municipios más poblados de la zona metropolitana.
En lugar de alimentar la desesperación con propuestas vacías, invito a todos los dirigentes a trabajar seriamente en las políticas articuladas e integrales. La seguridad es un derecho, pero también es una responsabilidad que no puede ni debe dejarse en manos de los vecinos. Es tiempo de soluciones integrales, no de eslóganes peligrosos.
(*) Abogado y especialista en seguridad
